El 2 de septiembre de 2025, EE.UU. destruyó una lancha en aguas internacionales del Caribe, cercanas a Venezuela, en un operativo que dejó 11 personas muertas; el presidente Donald Trump difundió el video del ataque y lo calificó como un “éxito” en la lucha contra el narcotráfico.
Según Washington, la embarcación transportaba droga y estaba vinculada al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, al que el gobierno estadounidense ha designado como organización terrorista extranjera, pero el hecho ha generado un debate internacional: ¿fue legal esta acción bajo el derecho internacional?
Especialistas en seguridad y juristas señalan que el principio de proporcionalidad parece no haberse respetado. En los protocolos de interdicción marítima, el objetivo es interceptar y detener a la tripulación, así como incautar la carga ilícita. En este caso, la destrucción total de la lancha y la muerte de todos sus ocupantes despiertan serias dudas sobre si se trató de un uso desproporcionado de la fuerza.
El gobierno de Venezuela cuestionó el operativo y puso en entredicho la legalidad del ataque. A su vez, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió que un hecho de esta magnitud podría considerarse una violación al derecho internacional y al debido proceso, pues ser sospechoso de narcotráfico no equivale a una condena de muerte en el mar.
Mientras Trump presenta la operación como una victoria, organismos de derechos humanos y expertos en derecho marítimo llaman a investigar a fondo si Estados Unidos actuó conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convención de Montego Bay) y a los estándares internacionales que regulan la interdicción de embarcaciones en aguas internacionales.
