El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió este viernes que la norma impulsada por el Congreso de la República que plantea una reducción de impuestos a empresas del sector agrario solo beneficiaría a «un grupo reducido» de compañías.
«Se impulsa la aprobación de una propuesta que reduce la tasa de Impuesto a la Renta (IR) a 15% (que se aplica sobre la ganancia de las empresas), según se dice, para beneficiar a los pequeños productores agrarios; pero poco más de 500 empresas serían las únicas beneficiadas, principalmente las grandes agroexportadoras (el resto de empresas tienen la tasa de 15% hasta el 2030), que ya tuvieron este beneficio de un IR reducido por más de 20 años, y que actualmente están pagando 20% para retornar gradualmente a la tasa general», dijo el MEF en un comunicado.
El Poder Legislativo estaría insistiendo en aprobar los beneficios tributarios de la propuesta de ley que “promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna”, pese a los argumentos expuestos por el MEF sobre observaciones técnicas y de impacto fiscal.
«Este proyecto también propone una tasa reducida por 10 años más, además de otros beneficios. Solo por comprar y/o asociarse con pequeños productores agrarios, las grandes empresas gozarían de tasas reducidas, deducciones, entre otros beneficios tributarios, que son desproporcionales, pues también podrían beneficiar a cualquier persona jurídica», alertó.
El ministerio aseguró que los pequeños productores agropecuarios ya cuentan con todos los beneficios tributarios de la Ley General de Cooperativas y no se encuentran afectas al pago de IR.
«Incluso, si fueran pequeñas empresas unipersonales podrían acogerse al Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), y ubicándose en la categoría especial tampoco pagarían IR. Además, también podría acogerse al Régimen MYPE Tributario (RMT) y pagarían 10% de IR», añadió.
Según cálculos del MEF, el costo fiscal de la medida propuesta, estimado en 1,888 millones de soles anuales, tendría un impacto sobre el cumplimiento de las reglas fiscales. Esto implicaría «dejar de recaudar un monto que equivale a 20.7%, del presupuesto de inversión en educación, a casi 13% del presupuesto de previsión social, y a 12% del presupuesto de orden público y seguridad, entre otros».
«Expresamos nuestra preocupación respecto a estas iniciativas legislativas que, otorgan beneficios tributarios a las grandes empresas utilizando como argumento al pequeño productor agrario, debilitando la recaudación de ingresos públicos», puntualizó.
