El Ministerio Público ha abierto una investigación contra la fiscal suprema Zoraida Ávalos, acusada de beneficiar a la empresa brasileña Odebrecht en el marco del caso Lava Jato. La denuncia, presentada por los abogados Luis Pacheco Mandujano y José Luis Francia, señala a Ávalos y a otros fiscales del Equipo Especial Lava Jato por presuntos delitos de encubrimiento personal, encubrimiento real y prevaricato en la modalidad de organización criminal.
La decisión de la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de abrir pesquisa contra Ávalos se produce en un escenario de alta polarización y desconfianza en las instituciones peruanas. La acusación central radica en la supuesta interferencia de la fiscal suprema en las indagaciones del caso Lava Jato, particularmente en la negociación y firma del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Según los denunciantes, este acuerdo habría beneficiado a la empresa brasileña al otorgarle ventajas que limitaron el impacto de las sanciones en su contra.
Junto a Ávalos, también han sido mencionados los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, figuras clave en las investigaciones contra expresidentes y altos funcionarios involucrados en presuntos actos de corrupción relacionados con Odebrecht. Además, la procuradora ad hoc Silvana Carrión también forma parte de la investigación.
El caso contra Ávalos no es un hecho aislado, sino que responde a un clima de enfrentamiento entre distintas facciones del poder judicial y político en el Perú. Desde su gestión como Fiscal de la Nación, Ávalos ha sido una figura controvertida, especialmente por sus decisiones en casos de alta relevancia política. En ese contexto, la investigación en su contra puede ser interpretada como un ajuste de cuentas entre sectores del Ministerio Público.
La acusación de organización criminal es particularmente grave, ya que implica la presunta existencia de una estructura coordinada dentro del Ministerio Público para favorecer a Odebrecht y sus intereses en el Perú. Sin embargo, para que la investigación prospere, los denunciantes deberán presentar pruebas contundentes que demuestren la intencionalidad y la acción concertada de los involucrados. De lo contrario, el caso podría archivarse por falta de fundamentos.
Con el inicio de la pesquisa, los fiscales y la procuradora involucrados deberán presentar sus descargos ante el Ministerio Público. En paralelo, el impacto mediático y político de la investigación podría generar un reacomodo en la estructura del Ministerio Público y en la percepción ciudadana sobre la lucha contra la corrupción en el país.
Si la investigación se sostiene con pruebas sólidas, podría derivar en un proceso judicial de gran impacto, afectando no solo a Ávalos, sino también a otros operadores de justicia clave en el caso Lava Jato. Por el contrario, si no se hallan evidencias contundentes, el caso podría convertirse en un nuevo episodio de enfrentamiento político sin mayores consecuencias jurídicas.
El desenlace de esta investigación será clave para entender el futuro del Ministerio Público y su papel en la lucha contra la corrupción en el Perú.
