El congresista Wilson Soto Palacios, representante del partido político Acción Popular, ha presentado un proyecto de ley que busca privatizar parcialmente los establecimientos penitenciarios del Perú. La iniciativa, denominada Ley de Privatización de los Establecimientos Penitenciarios, tiene como objetivo abordar la grave crisis de hacinamiento y la deficiente gestión del sistema penitenciario peruano.
El proyecto plantea la creación de alianzas público-privadas para delegar parte de la administración de los penales al sector privado. Sin embargo, la seguridad interna y externa de los establecimientos seguiría bajo la responsabilidad exclusiva del Estado. La gestión privada buscaría mejorar la eficiencia operativa, reducir el hacinamiento y optimizar servicios esenciales como salud, alimentación y programas de resocialización.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) serían los encargados de evaluar y priorizar los penales a privatizar, tomando en cuenta el grado de hacinamiento y los costos de operación. Además, se establece que los internos participarán obligatoriamente en programas de trabajo formativo y productivo, cuyos ingresos se destinarán a cubrir sus necesidades básicas.
La propuesta ha sido respaldada por los congresistas Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Silcia Monteza, Ilich López y Luis Ángel Aragón. No obstante, ha generado debate público, especialmente por un informe de la UNESCO que advierte sobre los riesgos de priorizar intereses económicos sobre los derechos humanos de los reclusos y la posible pérdida de soberanía estatal.
Actualmente, el sistema penitenciario peruano enfrenta una sobrepoblación del 136%, albergando a más de 98,000 internos en instalaciones diseñadas para poco más de 41,000. Esta situación ha llevado al Gobierno a declarar en emergencia el sistema penitenciario mediante el Decreto Supremo N.° 014-2024-JUS.
El proyecto de ley se encuentra en evaluación por las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso.
