Las recientes modificaciones al Código Penal y el Código Procesal Penal, promulgadas por la presidenta Dina Boluarte, han generado una oleada de críticas de diversos sectores. Los cambios en torno a la detención de criminales y la prisión preventiva han sido señalados como potencialmente beneficiosos para el crimen organizado en el país.
La polémica no se limitó a voces externas al gobierno; incluso dentro del Ministerio Público, el malestar es evidente. El exfiscal supremo Víctor Cubas, ahora portavoz oficial de la Fiscalía, no tardó en expresar su preocupación públicamente. “Estas leyes favorecen directamente al crimen organizado y, además, parecen ser un intento del Ejecutivo y el Legislativo por concentrar el poder, comprometiendo la independencia del sistema de justicia”, declaró en una entrevista para RPP.
Según Cubas, esta situación podría desembocar en un grave quiebre del orden constitucional. «Es un atentado contra la división de poderes y la autonomía de los órganos judiciales», agregó, mientras destacaba que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ya tiene un equipo evaluando medidas legales para contrarrestar los efectos de estas disposiciones. Entre las opciones está la presentación de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
El caso del feminicida de Villa María del Triunfo
Un caso específico que ejemplifica las posibles consecuencias de estas modificaciones es el del presunto feminicida de una niña en Villa María del Triunfo. De acuerdo con algunos expertos, la nueva normativa podría facilitar su liberación.
Ante esta tragedia, Boluarte propuso abrir el debate sobre la pena de muerte en el Perú, una declaración que dividió opiniones. Aunque algunos ciudadanos la apoyaron, figuras como la jueza suprema Elvia Barrios la calificaron como una “cortina de humo”. Barrios señaló que propuestas como esta desvían la atención de problemas estructurales, como la inseguridad ciudadana, que sigue siendo crítica a pesar de las repetidas prórrogas del estado de emergencia en regiones afectadas.
Por su parte, Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, se sumó a las críticas y calificó el debate como un ejemplo de “populismo penal”. «Es más fácil lanzar propuestas llamativas que trabajar en soluciones reales», comentó en Canal N.
Incluso dentro del Congreso, voces como la del legislador Alberto Cavero describieron la iniciativa como un intento desesperado de cambiar la narrativa mediática, especialmente en un contexto donde la presidenta enfrenta cuestionamientos como el del caso Cofre.
En este panorama, las decisiones del gobierno no solo están bajo escrutinio, sino que también reflejan una creciente desconfianza hacia las instituciones encargadas de velar por el bienestar y la seguridad de los peruanos.
