La decisión fue tomada en la reunión del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) del partido el pasado 28 de noviembre. En ese encuentro, Cerrón participó de manera virtual, dialogando con dirigentes y congresistas, según detalla un informe de Al Estilo Juliana.
Bajo la dirección de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y actualmente evadido de la justicia por más de 60 días, se ha ordenado que todos los trabajadores del partido marxista se registren como militantes y contribuyan con al menos el 5% de sus salarios, según informes divulgados en Al Estilo Juliana el pasado martes.
Según el general PNP Óscar Arriola, de la PNP, Interpol tomará medidas si hay indicios de que Vladimir Cerrón no se encuentra en Perú. Este anuncio se hizo durante una sesión del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) el 28 de noviembre, en la que participaron dirigentes, congresistas y el propio Cerrón, quien fue condenado por corrupción a tres años y medio de prisión efectiva.
Según el reportaje, se compartió un audio en el que una asesora indica que el «descuento es por planilla», y otro donde el legislador Segundo Montalvo afirma que la decisión proviene de la cúpula del partido. Se establece que el pago debe realizarse en efectivo y ser entregado a los congresistas, quienes coordinan la entrega al exgobernador de Junín, condenado por el caso ‘Aeródromo Wanka’.
Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir y segundo vicepresidente del Congreso, aclara que el aporte proviene de los militantes, no de los trabajadores, y defiende la medida de reducción salarial. A pesar de estar prófugo, Vladimir Cerrón sigue operando desde la clandestinidad y se comunica con sus partidarios.
El general PNP Luis Flores, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri), revela que un grupo de efectivos estuvo «detrás de Cerrón tres veces», pero cada vez que intentaban intervenirlo, ya «había desaparecido». Se sugiere que hay personas «influyentes» protegiéndolo.
Además de la sentencia de prisión, se impuso a Cerrón el pago de una reparación civil de 800.000 soles y su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante casi cuatro años. La Fiscalía lo acusa de suscribir un contrato para la construcción de un aeródromo en Junín sin el pronunciamiento favorable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Cerrón, sentenciado previamente en 2019 por negociación incompatible, enfrenta nuevas acusaciones en 2022 por presunta afiliación a organización terrorista y lavado de dinero en la financiación de Perú Libre. Su abogado, Luis Mayhua, ha anunciado que se pondrá a disposición del Poder Judicial una vez que se resuelva el recurso de casación presentado contra la condena, sin especificar su ubicación actual.
