En el marco de las investigaciones contra el congresista José Luna Gálvez, el Poder Judicial ha confirmado la inclusión de la Universidad Telesup, fundada por el parlamentario, en las indagaciones preliminares por presuntas irregularidades relacionadas con la inscripción del partido Podemos Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La decisión fue emitida el 5 de octubre por el juez Jorge Chávez Tamaríz. Sin embargo, la universidad apeló la medida, pero la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundado su recurso y ratificó la resolución del juez.
Según la resolución, la Universidad Telesup será incluida como «persona jurídica» en el proceso. La defensa de la institución argumenta que la decisión tiene fallas en su fundamentación y que no se han considerado debidamente ciertos elementos presentados para oponerse a la tesis de la Fiscalía.
El Poder Judicial sostiene que existen suficientes indicios que vinculan a la Universidad Privada Telesup S.A.C. con los hechos investigados, por lo que su inclusión en el proceso es adecuada.
La presunta participación de Telesup
La Fiscalía sostiene que la Universidad Telesup habría sido utilizada para justificar el pago de 1.3 millones de soles a exmiembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), como Guido Aguila y Sergio Noguera, y también para realizar depósitos a favor del exconsejero Julio Gutiérrez a través de cuentas vinculadas a su hijo.
Estos pagos habrían influido en la designación del jefe de la ONPE, Adolfo Castillo Meza, y habrían financiado la inscripción del partido político ‘Podemos por el Progreso del Perú’. Además, habrían servido para remunerar a los presuntos integrantes de la organización criminal involucrada.
José Luna y la ley contra el crimen organizado
Por otro lado, el congresista José Luna Gálvez intentó que se archivara el caso en su contra, alegando que los cambios recientes en la Ley contra el Crimen Organizado invalidarían los cargos. Su defensa presentó una solicitud al Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, argumentando que los hechos imputados ya no constituyen delito según las modificaciones de la Ley 32108.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que, a pesar de las modificaciones, el caso de Luna Gálvez sigue siendo una presunta organización criminal, cuyo objetivo habría sido controlar el sistema electoral y quebrantar la Ley electoral y la separación de poderes.
El proceso también involucra a otras figuras, como José Luna Morales, hijo del congresista y secretario de organización de Podemos Perú; Luis Navarrete Santillan; el operador político José Luis Cavassa Roncalla; el exjefe de la ONPE Adolfo Castillo Meza; y el abogado Óscar Nieves Vela, exasesor de la presidenta Dina Boluarte, junto con su hermano Nicanor.
