Señalan que la ciudadanía debe castigar a los culpables con una sanción social y política por inmorales
El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral se pronunció respecto a los hechos acaecidos en torno a la vacunación contra el covid-19 de manera irregular, e instaron a las autoridades a actuar con rapidez respecto a las investigaciones y en la sanción de los responsables.
A través de un comunicado los cinco integrantes del mencionado tribunal, Delia Revoredo Marsano (Presidenta), Gastón Soto Vallenas, Tarcila Rivera Zea, Carmen Mc Evoy Carreras y Susana Baca de la Colina, realizaron un análisis y calificaron de graves los hechos ocurridos, porque están involucradas autoridades que actuaron con interés propio.
En tal sentido, instaron también a los ciudadanos a castigar a los culpables con una severa sanción social y política, por inmorales.
Señalan que el Estado, ha establecido un orden preferente en la aplicación de las vacunas contra el Covid 19, basado en distintos casos.
«De ahí que el orden establecido por las autoridades para la aplicación de la vacuna sea de imperativo cumplimiento moral, además de legal, y deba ser considerado como un bien público», expresan.
Agregan que procurar y conseguir vacunarse al margen de lo establecido, supone privar de la vacuna a personas en peligro de muerte o a personas que son imprescindibles para tratar y combatir el covid 19.
Al respecto y dirigiéndose a aquellos que se vacunaron irregularmente, los miembros del Tribunal de Honor, afirman que suponer o conocer estas consecuencias, y aun así, proseguir con la clandestina e ilegal procura de la vacuna «implica una falta moral, una vulneración al derecho a la vida y una afectación al bien público» que está sujeta a responsabilidades constitucionales, civiles, penales o administrativas.
Añaden que resulta más grave, si esa acción proviene de la autoridad que impuso la obligatoria preeminencia o de alguien que estaba obligado, por su función, a hacerla cumplir.
«Ello, porque entonces disminuye la confianza en los funcionarios del Estado y eso podría derivar en la destrucción de la confianza, fundamento de la gobernabilidad democrática de nuestro país», manifiestan.
Mencionan en ese aspecto, que valerse de un alto estatus de poder político o económico o social para vacunarse anticipadamente tampoco es ético, pues igualmente se priva de la vacuna a alguien con mayor probabilidad de morir.
Sostienen luego que si bien reconocen que el instinto de supervivencia pudo motivar el actuar de diversos funcionarios, en situaciones extremas de crisis sanitaria mundial como la actual «el miedo no puede prevalecer sobre la ética que debe caracterizar a todo servidor público en defensa del bien común».
«Llega a ser peor la inmoralidad, si a cambio de obtener la propia y pronta – pero indebida- vacunación, se descartó la compra de otras marcas de vacunas, tal vez más convenientes a los intereses del Perú», enfatizan.
