El Tribunal Constitucional (TC) ha recibido el pedido de la presidenta Dina Boluarte para que se anulen las acusaciones en su contra relacionadas con la muerte de cinco personas y las lesiones graves de una sexta durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023, según informó RPP.
Esta solicitud, presentada a través de una demanda de amparo por parte de su defensa legal, busca que el TC declare nulos los actos de la Fiscalía en este caso, argumentando que se han vulnerado derechos constitucionales de la presidenta, como el derecho a la debida motivación de las resoluciones fiscales, al debido proceso y a la inmunidad presidencial.
La demanda de amparo fue ingresada al Tribunal Constitucional el 28 de agosto, luego de que fuera rechazada en primera instancia por el juez Jonathan Valencia López y en segunda instancia por la Segunda Sala Constitucional. Ahora, el TC deberá decidir si admite a trámite el recurso. De ser así, convocará a una audiencia para analizar el fondo de la demanda y emitir una decisión final.
En cuanto a la denuncia contra Dina Boluarte, se recuerda que el Ministerio Público, bajo la dirección de Patricia Benavides en ese momento, presentó una denuncia constitucional en noviembre de 2023 ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Sin embargo, el 18 de julio de este año, la subcomisión decidió no aprobar el informe que sugería procesar la denuncia. Esta decisión coincidió con un informe de Amnistía Internacional que advertía que Boluarte podría tener responsabilidad penal por no actuar adecuadamente para frenar el uso excesivo de la fuerza durante las protestas.
El informe de AI indica que, aunque Boluarte negó tener contacto directo con los comandantes y minimizó su rol en la represión, se reunió en varias ocasiones con líderes de las Fuerzas Armadas y la Policía. Estas reuniones le habrían brindado oportunidades para condenar el uso de la fuerza y ordenar cambios en la estrategia de seguridad.
Finalmente, corresponde a la Comisión Permanente del Congreso revisar la decisión de la subcomisión. Si la Comisión también rechaza el informe, el caso podría ser archivado. Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reportado hasta marzo de este año 50 civiles muertos y más de 821 heridos en el contexto de las protestas, instando a una investigación exhaustiva sobre los hechos.
