La pregunta sobre el origen de los fondos y los intereses representados por las ONG ha sido recurrente durante años. Una nueva ley en proceso de aprobación en el Congreso busca resolver estas dudas. El dictamen aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores tiene como objetivo transparentar los fondos extranjeros recibidos por las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONG). Para ello, se ampliarán las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y se incluirán nuevos actores como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Contraloría.
La propuesta amplía las capacidades de la APCI para fiscalizar el trabajo y los recursos de las ONG. Según el dictamen, “las instituciones públicas y las entidades que gestionan y son receptoras de cooperación técnica internacional (…) deberán efectuar la declaración semestral de sus planes, programas, proyectos, actividades o donaciones con financiamiento de la cooperación técnica internacional”. Además, se exige la publicación de los datos de los representantes legales, así como los nombres de los planes, programas, proyectos o actividades específicas que gestionan, y el monto de los recursos o donaciones recibidas y sus fuentes de financiamiento.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS deberá recibir información sobre la ejecución de los gastos realizados con recursos de la cooperación técnica internacional y sus fuentes de financiamiento. Asimismo, las ONG y otras entidades que gestionen cooperación no podrán celebrar contratos con el Estado y deberán inscribirse obligatoriamente en la APCI para ejecutar cooperación técnica internacional.
En caso de incumplimiento, se contemplan sanciones como amonestaciones por escrito, multas de hasta 500 UIT, suspensión temporal de beneficios y cancelación de la inscripción, dependiendo de la gravedad de la falta.
Se creará una nueva entidad adscrita a Sunat con el objetivo de identificar delitos como evasión de impuestos e incrementos patrimoniales no justificados. Aunque algunos sectores han comparado esta iniciativa con medidas impuestas por dictaduras como las de Nicaragua y Venezuela, la propuesta se asemeja más a las leyes de países democráticos como Estados Unidos y Reino Unido.
En EE.UU., la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de 1938 exige transparencia a todas las instituciones que reciban financiamiento extranjero, mientras que en Reino Unido, el Plan de Registro de Influencia Extranjera demanda transparencia de organizaciones vinculadas con gobiernos extranjeros que buscan influir políticamente.
“Varias ONG operan en el país con una notable incidencia en el activismo político”, afirmó Daniela Ibáñez, analista del Centro Wiñaq. Añadió que algunos políticos de izquierda reciben financiamiento de ONG fuera de épocas electorales, pero se desconoce el origen de los fondos. Ibáñez subrayó la necesidad de registro y transparencia de estas organizaciones en la APCI.
“La transparencia y la fiscalización de los gastos que influyen en el activismo político son positivas. La falta de información siempre es negativa”, enfatizó Ibáñez, indicando que varios países tienen leyes de transparencia similares.
- Hasta mayo de 2024, 570 Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo están registradas en APCI.
- APCI cuenta con solo nueve funcionarios.
- El dictamen fue aprobado con 12 votos a favor y uno en contra en la Comisión de RR.EE.
- En la agenda prioritaria para los plenos de esta semana no figura el dictamen.
Be First to Comment