Nuevas revelaciones han salido a la luz sobre Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, quien está en el ojo de la tormenta tras ser señalado como líder de una supuesta red de prostitución operativa dentro del Legislativo. Torres ha negado categóricamente las acusaciones y afirmó en una entrevista para RPP Noticias: “Soy el más interesado en que este tema se esclarezca”.
El caso ha sacudido al Congreso como pocas veces antes, con denuncias de proxenetismo, favores sexuales a cambio de votos, trata de personas, explotación sexual e incluso sicariato. La excongresista Cecilia Chacón declaró que jamás había presenciado algo tan grave en la historia del Parlamento.
Entre las revelaciones destaca la existencia de habitaciones privadas, denominadas “búnkeres”, con comodidades como jacuzzi y camas de masaje, según declaraciones previas de Mirtha Vásquez. Este es solo uno de los elementos que complican aún más el panorama.
La Comisión de Fiscalización y el Ministerio Público ya han iniciado indagaciones para esclarecer las graves acusaciones. Entre los detalles más alarmantes se encuentra el asesinato de Andrea Vidal, presuntamente a manos de sicarios, que podría estar vinculado a esta trama de corrupción.
Un informe del semanario Hildebrandt en sus trece recoge testimonios de trabajadores que aseguran haber asistido a fiestas organizadas por Torres en exclusivos departamentos de la capital, arrendados a través de Airbnb. Uno de estos inmuebles, ubicado en Barranco, y otro en San Isidro, eran utilizados para reuniones privadas donde los asistentes eran instruidos a evitar identificarse en la recepción del edificio.
Las declaraciones también revelan que Torres acostumbraba fotografiar y grabar a los asistentes en situaciones comprometedoras, utilizando este material para establecer redes de influencia y protección. Incluso se menciona un incidente donde un alto funcionario del Congreso, tras verse afectado por estas prácticas, tomó medidas para desplazar a Torres de su posición.
En medio del escándalo, emergen nombres como Isabel Cajo y Andrea Vidal. Cajo, quien trabajó brevemente en el Congreso y ahora labora en el despacho de Edwin Martínez, está vinculada a esta red por su cercanía a Torres. Por otro lado, Andrea Vidal, también relacionada con Torres, fue despedida en septiembre tras varias ausencias laborales y desempeñar funciones que, según testimonios, generaban incomodidad en el personal.
El caso sigue en desarrollo, y las autoridades deberán enfrentar una ardua tarea para llegar al fondo de estas acusaciones, que no solo ponen en jaque la credibilidad del Congreso, sino que exigen una revisión urgente de la ética y transparencia en la política peruana.
