Política

Subcomisión de acusaciones constitucionales aprueba denuncia que inhabilita por 10 años a Aníbal Torres

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó por mayoría la denuncia constitucional contra el ex presidente del Consejo de Ministros, Anibal Torres Vásquez, que recomienda su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública.

El informe final de la denuncia constitucional, presentada por el congresista Jorge Montoya, fue aprobada con 13 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones.

La denuncia constitucional indica que Torres Vásquez habría infringido los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú con sus expresiones vertidas en los Consejos de Ministros Descentralizados y sus declaraciones en medios de comunicación llamando a la población a movilizarse y otros.

Afectan los preceptos constitucionales, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que está obligado a respetar, con el consecuente daño causado”, refirió la congresista Martha Moyano, ponente de la denuncia.

El artículo 45 de la Constitución, según dijo, señala que el poder emana del pueblo y nadie puede arrogarse del ejercicio de ese poder, mientras que el 125 establece las funciones del presidente del Consejo de Ministros que han sido desvirtuados en los Consejos de Ministros Descentralizados.

“No hay actas ni acuerdos de las sesiones descentralizadas, se hacían como actos de proselitismos en diferentes partes del país ante la población”, aseveró.

En ese sentido, el informe final concluye en que hay sustento para acusar vía juicio político al ex presidente del Consejo de Ministros,por infracción a los referidos artículos constitucionales y propone imponer la sanción de inhabilitación hasta por 10 años para el ejercicio de la función pública.

Previo a la votación, los congresistas Edgar Raymundo, José María Balcazar y Francis Paredes se  mostraron contrarios a las conclusiones del informe final, al considerar que las expresiones del expremier no se encuentran tipificadas y forman parte de su derecho de expresión. Indicaron también que puede ser alegado como una persecución política contra Torres Vasquez.