Política

Somos Perú apoyará en el pleno acusación e inhabilitación de miembros de JNJ

Señala Hector Valer, su vocero parlamentario

La bancada de Somos Perú votará en el pleno del Congreso a favor de la acusación constitucional planteada contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), señaló su vocero parlamentario, César Valer.

“Hemos votado con convicción y mantenemos esa posición”, señaló el referido congresista, en declaraciones a la Agencia Andina, refiriéndose a la posición que mostró en la Comisión Permanente.

En ese sentido, señaló que mantendrán similar postura cuando el tema llegue al pleno del Congreso, salvo que haya una decisión distinta de último momento. 

Valer señaló que la acusación y la inhabilitación planteada debe alcanzar a todos los miembros de la JNJ, incluido al renunciante José Ávila. Indicó que este, además de las faltas que son materia de la acusación constitucional en debate, incurrió en delito al mantener “relaciones con empresas mineras”, siendo parte de la entidad mencionada.

Consideró, en tal sentido, que el vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez, así como los anteriores presidentes de dicha institución serían “cómplices” de esa situación. 

Descarta consecuencias negativas

En cuanto a las consecuencias que acarrearía la destitución de los miembros de la Junta, Valer señaló que estas no serán negativas y que el trabajo del referido colegiado continuará tras el reemplazo de los miembros defenestrados.

“Ellos cumplirán con el tiempo que falta de la gestión”, señaló. Afirmó, además, que, en el proceso de selección de miembros de la JNJ, se designó a 25 miembros suplentes que podrán reemplazar a los titulares destituidos. 

Consideró asimismo que los integrantes de la JNJ incurren en irregularidad al emitir declaraciones públicas sobre el proceso al que vienen siendo sometidos en el Parlamento Nacional.

Luego de que la Comisión Permanente lo aprobara en la víspera, el informe final sobre este caso deberá ser debatido y votado. En este se acusa constitucionalmente a los miembros de la Junta y se les inhabilita por diez años en el ejercicio de la función pública.