Rafael Manuel Ruiz Hidalgo, actual miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ocultó una condena por prevaricato al postular al cargo, a pesar de que la ley prohíbe que cualquier persona sentenciada por delito doloso —incluso si ya cumplió su pena— forme parte de la institución. A pesar de esta irregularidad, sigue en funciones, lo que ha generado controversia y llamados a su destitución.
Un nombramiento irregular
Ruiz Hidalgo, exasesor del expresidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, fue seleccionado en un proceso liderado por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, con la participación del entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y la actual presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco. Arévalo, su exjefe, se abstuvo de votar; Ruiz obtuvo el séptimo lugar en el cuadro de méritos.
Durante su evaluación, el abogado habló sobre la lucha contra la corrupción, pero nunca mencionó que en 2010 fue condenado por prevaricato.
En su desempeño como juez suplente en 2004, emitió una resolución ilegal que ordenó el embargo de cuentas del grupo Gloria en un caso sin relación con la empresa. Aunque apeló, la condena fue ratificada, imponiéndole tres años de prisión suspendida, inhabilitación por un año y el pago de una reparación civil.
“Nadie sabía nada”
Los responsables de su designación aseguran desconocer su pasado judicial. Gutiérrez afirmó que Ruiz presentó un «registro de condenas limpio», mientras que Arévalo aseguró haberse mantenido al margen del proceso aunque expertos en derecho administrativo señalan que tanto quien postula sin cumplir los requisitos como quienes lo designan son responsables de la infracción.
Defensoría del Pueblo pide explicaciones
Ante la revelación, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Poder Judicial y al Ministerio Público que informen por qué la condena de Ruiz no figuraba en sus antecedentes al momento de la selección, sin embargo en lugar de exigir su destitución inmediata, ha optado por esperar sus descargos, lo que ha generado críticas por su falta de contundencia frente a la gravedad del caso.
Un breve análisis
- Gravedad del caso: La ley es clara al prohibir que personas condenadas por delitos dolosos integren la JNJ. La permanencia de Ruiz en el cargo, pese a la evidencia, representa una grave vulneración del marco legal y pone en duda la integridad del sistema de justicia.
- Fallas en el proceso de selección: Es difícil creer que una condena tan relevante haya pasado desapercibida. Si efectivamente no se detectó, significa que el mecanismo de verificación es deficiente. Si se detectó y se ignoró, entonces estamos ante un caso de encubrimiento.
- Responsabilidad compartida: No solo Ruiz es responsable por ocultar su condena, sino también quienes lo designaron. Las declaraciones de los funcionarios que afirman no saber nada son poco convincentes y demuestran una preocupante falta de control en la selección de altos cargos.
- Falta de acción de la Defensoría: En lugar de exigir la salida inmediata de Ruiz, la Defensoría se ha limitado a pedir explicaciones. Este enfoque pasivo da la impresión de que las instituciones están más interesadas en protegerse entre sí que en garantizar el cumplimiento de la ley.
Este escándalo no solo daña la credibilidad de la JNJ, sino que también refuerza la percepción de impunidad en el sistema judicial. ¿Crees que este caso podría derivar en cambios en los procesos de selección o quedará impune como tantos otros?
