Despotricó en contra del premier. El presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), Rafael Muente Schwarz, cuestionó la suspensión en su contra y acusó al primer ministro Gustavo Adrianzén de haber tomado la decisión basada en una animadversión hacia él que data del 2005.
A través de un pronunciamiento, mencionó que el procedimiento administrativo iniciado en su contra, el cual “excedió todos los plazos legales y quebró todas las reglas del debido proceso”, fue resuelto por el jefe del gabinete ministerial, “quien está incurso en la causal de abstención por su carencia de imparcialidad”.
Anteriormente, Muente ya había acusado al premier de tener algo en su contra. Incluso, mencionó que, pese de solicitar reuniones con él para explicarle el caso por el que se inició un proceso en su contra, no ha sido recibido.
¿Por qué caso fue suspendido?
El procedimiento que culminó con una suspensión de 365 días sin goce de haber, se originó a partir de la emisión de un reportaje en el que se reveló que pagó con dinero público un curso de posgrado en España. El monto que se desembolsó para dicha capacitación fue de 57,250 soles.
“Los funcionarios públicos tenemos derecho a ser capacitados y eso no incluye ninguna excepción […] este es un procedimiento que está en curso y no es información pública, en verdad lo que está en el expediente es algo que no debería ser todavía de acceso público”, dijo entonces Muente.
El documento eje de la imputación es la “Contratación directa 002-2022/OSIPTEL”, la cual en realidad era la aceptación de un Programa de Alta Dirección (PAD) organizado por la Universidad de Piura, el cual fue autorizado en solo 14 días laborables.
En su momento, Contraloría comunicó a Servir que no hubo ningún tipo de irregularidad en la solicitud para el postgrado del presidente ejecutivo de Osiptel. Incluso, otras entidades se pronunciaron en la misma dirección. No obstante, igual se optó por sancionarlo.
Dicho dato fue repudiado por el suspendido jefe de Osiptel. “La contratación de una capacitación, que es motivo del proceso iniciado, cumplió con todos los procedimientos de ley”, aseguró en el comunicado publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter).
Recordó que no solo el Órgano de Control Institucional (OCI) concluyó que “no existen elementos de juicio que denoten la transgresión de las disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado”, sino que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) precisó que los funcionarios están habilitados para recibir capacitaciones de tipo formación laboral y que la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario dispuso el archivamiento de la acción de control disciplinario.
