El Congreso recibió el 3 de septiembre de 2025 el proyecto N.º 12285-2025-CR, impulsado por la congresista Milagros Jáuregui de Renovación Popular. La iniciativa plantea que no se realicen intervenciones médicas, hormonales, quirúrgicas ni sociales para la transición de identidad de género en adolescentes. Además, impediría que el Estado o la cooperación internacional financien programas relacionados con la transición de menores.
El proyecto propone la creación de la Ley de protección de menores frente a intervenciones que puedan afectar de manera irreversible su desarrollo, incluyendo bloqueadores hormonales, hormonas cruzadas, cirugías de reafirmación de sexo y protocolos de transición social, como el uso de nombres sociales en colegios. También se sugiere modificar el Código Penal con un artículo que contemple hasta cinco años de prisión para médicos, escuelas o instituciones que promuevan estas prácticas.
Según Jáuregui, la medida busca proteger la salud física, emocional y psicológica de los adolescentes. La congresista mencionó que países europeos como Reino Unido, Suecia y Finlandia han limitado el uso de bloqueadores hormonales en menores y citó advertencias de la Academia Nacional de Medicina de Francia sobre posibles efectos a largo plazo. “No podemos permitir que los jóvenes tomen decisiones irreversibles de las que puedan arrepentirse”, afirmó.
Colectivos LGTBIQ+ criticaron la propuesta y la calificaron de innecesaria y discriminatoria. Aseguraron que en Perú no existen servicios médicos que ofrezcan terapias hormonales a menores y que la ley profundizaría la exclusión en un contexto de retrocesos en políticas de igualdad, como la eliminación del enfoque de género en la educación. Expertos en derechos humanos alertaron que la norma podría contradecir compromisos internacionales sobre no discriminación asumidos por el país.
El proyecto fue enviado a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, Mujer y Familia y Constitución, donde será analizado antes de pasar al Pleno. Si se aprueba, Perú se sumaría a un pequeño grupo de países que prohíben expresamente los tratamientos hormonales y protocolos de transición social en menores, generando un debate entre sectores conservadores, profesionales de la salud y colectivos de diversidad sexual sobre cómo equilibrar la protección de la infancia y el derecho a la identidad de género.
