El presidente del Congreso, Alejandro Soto, propuso ampliar hasta 10 días como máximo la detención preliminar o detención judicial por flagrancia en los delitos cometidos por organizaciones criminales, sicariato, extorsión y feminicidio.
Con esta modificación se busca evitar una posible fuga de los investigados o dejar estos crímenes impunes, mientras se va recabando todos los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos por parte del Ministerio Público.
“Se propone el cambio teniendo en cuenta que la finalidad de la detención preliminar básicamente es asegurar la realización de diversos actos de investigación, necesarios para una futura acusación fiscal”, señala el proyecto.
El parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) alega que el país enfrenta una creciente ola de delitos de sicariato, extorsión y feminicidio que afecta a los ciudadanos, por lo que es necesarios reformar los plazos de la detención para dichos delitos.
Ello, según precisa la iniciativa, no afecta ningún derecho constitucional, toda vez que la modificación indica de manera clara que podrá ser como máximo 10 días, lo que no obliga a disponer de todo ese periodo, a menos que se amerite y se encuentre debidamente justificado.
Actualmente, la detención policial dura 48 horas, mientras que la detención preliminar 72 horas y, en situaciones particulares y cuando se presentan circunstancias de especial complejidad, hasta 7 días.
Para los delitos cometidos en organización criminal, la detención preliminar o judicial por flagrancia puede durar hasta un máximo de 10 días y de hasta 15 días para los delitos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y delitos cometidos en organizaciones criminales.
