La Procuraduría Ad Hoc de los casos Odebrecht y Lava Jato ha solicitado al Poder Judicial que se ordene al expresidente Martín Vizcarra el pago de más de S/4.6 millones en concepto de reparación civil. La suma solicitada busca compensar al Estado por las presuntas irregularidades cometidas durante la gestión de Vizcarra en la región de Moquegua.
Este pedido, presentado en el marco del proceso judicial en curso, surge de las acusaciones de colusión y cohecho vinculadas con dos proyectos importantes: la irrigación de Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua. De acuerdo con las investigaciones, Vizcarra habría utilizado su cargo de presidente regional entre 2011 y 2014 para favorecer contratos de empresas privadas a cambio de pagos irregulares.
El procurador Carlos Fernández argumentó que Vizcarra “ofreció su función pública” como un medio para asegurar contratos, exigiendo millonarias sumas a cambio de firmar los acuerdos. Testimonios de exejecutivos de la constructora Obrainsa señalan que Vizcarra habría recibido un millón de soles en efectivo por brindar información privilegiada para el proyecto de Lomas de Ilo, asegurando que la empresa fuera adjudicataria.
Asimismo, se le acusa de haber solicitado S/1.3 millones a la empresa ICCGSA para permitir el contrato del Hospital Regional de Moquegua, contando en esta transacción con José Hernández como intermediario del presunto soborno. La Procuraduría considera que estos actos no solo afectaron los recursos del Estado, sino que comprometieron la transparencia de ambas obras, claves para el desarrollo de Moquegua.
La cifra total de reparación civil asciende a S/4,671,971.30, monto que incluye los daños patrimoniales y extrapatrimoniales causados. Para el proyecto de irrigación Lomas de Ilo, la Procuraduría reclama S/2,071,971.30, a cubrir solidariamente por Vizcarra junto a Obrainsa y Astaldi. En el caso del Hospital Regional, el monto solicitado es de S/2.6 millones, a ser compartido entre Vizcarra, ICCGSA y la empresa INCOT Contratistas Generales S.A.
Por su parte, el abogado del expresidente, Erwin Siccha, ha defendido la inocencia de su cliente, cuestionando la solidez de las pruebas y calificando las acusaciones de infundadas. Según Siccha, los cargos se basan en testimonios de colaboradores eficaces que carecen de pruebas corroborativas. Argumenta que, tras cinco años de investigaciones, no hay evidencia concluyente que vincule a Vizcarra con los presuntos sobornos y sugiere que podría haber motivaciones políticas en el caso.
Además, el fiscal Germán Juárez Atoche ha solicitado una condena de 15 años de prisión y una inhabilitación de seis años para ocupar cargos públicos para Vizcarra, a quien acusa de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.
