El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, defendió abiertamente el respaldo a policías y militares para el uso de armas en su lucha contra la delincuencia. En su intervención, durante la inauguración de una nueva Unidad de Flagrancia en San Martín de Porres, fue tajante: “Estamos en guerra, y en una guerra, quienes nos disparan y atacan, son abatidos”. Sus declaraciones reflejan una postura firme ante la inseguridad que enfrenta el país.
La aprobación reciente del Congreso, que concede a la policía autorización para disparar en intervenciones, prohíbe a jueces y fiscales dictar detenciones preliminares o prisiones preventivas contra agentes. Para Arévalo, la medida responde a la “difícil situación, casi de guerra” que vive el Perú, y enfatizó la urgencia de normas que fortalezcan el apoyo a las acciones policiales y judiciales.
Esta postura, sin embargo, genera controversia. Juan José Quispe, abogado del IDL, advirtió que el amplio margen para el uso de armas podría derivar en impunidad, permitiendo que policías involucrados en muertes o lesiones sigan en servicio hasta una sentencia condenatoria. La preocupación aumenta frente a la posibilidad de formar “escuadrones de la muerte” amparados en un marco legal permisivo, y con una Fiscalía limitada en su rol de supervisión.
A nivel político, congresistas como Ruth Luque y Susel Paredes han expresado rechazo al proyecto. Luque calificó las recientes aprobaciones legislativas como un intento de “captura de la justicia”, mientras que Paredes cuestionó la vulneración a la autonomía del Ministerio Público. Ambas legisladoras resaltaron el peligro de debilitar el sistema de justicia en nombre de la seguridad, al advertir que estas medidas podrían convertir a la policía en una fuerza descontrolada.
Este nuevo marco legal ha abierto un debate profundo sobre el balance entre la seguridad y los derechos fundamentales, poniendo en la mira a un sistema que, según sus detractores, podría convertirse en una herramienta de abuso y control en tiempos de crisis.
