El debate sobre la pena de muerte en Perú ha tomado relevancia tras los recientes comentarios de la presidenta Dina Boluarte y el proyecto de ley presentado por la congresista María Acuña. La discusión se centra en la posibilidad de retirar al país de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que prohíbe esta sanción, con el objetivo de implementar la pena capital para violadores de menores.
Boluarte planteó abrir el debate durante una actividad oficial, señalando que medidas drásticas son necesarias para abordar delitos graves como el abuso sexual contra menores. Argumentó que no se debe permitir que los perpetradores de estos crímenes caminen libres, llamando a las instituciones judiciales a actuar con firmeza. Sin embargo, aclaró que su propuesta es solo una invitación a discutir el tema desde un enfoque democrático y soberano.
Proyecto de Ley de María Acuña
El proyecto presentado al Congreso propone que el Ejecutivo denuncie el Pacto de San José, permitiendo la salida de Perú de la Convención Americana. Según el texto, esto abriría el camino para legislar sobre la pena de muerte, abordando el tema desde una perspectiva que priorice la voluntad popular. Los fundamentos argumentan que las restricciones impuestas por tratados internacionales han limitado la capacidad de respuesta del Estado frente a delitos que afectan profundamente a la sociedad.
Aunque algunos ministros han respaldado la apertura del debate, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, subrayó que no se trata de una postura oficial del gobierno, sino de un llamado a reflexionar. Desde su perspectiva, discutir el tema es una muestra de crecimiento en la cultura democrática del país.
El Perú ha ratificado el Pacto de San José desde 1978, lo que limita la implementación de la pena de muerte a delitos contemplados en épocas de guerra, como el terrorismo. Un retiro de esta convención no solo podría abrir el debate sobre la pena capital, sino también generar implicancias en otros compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos.
El tema polariza a la sociedad peruana. Por un lado, existe un clamor por medidas severas contra crímenes atroces; por otro, persisten las críticas sobre los riesgos de implementar la pena de muerte, como errores judiciales, el impacto en los derechos humanos y el posible aislamiento internacional.
Este debate promete mantenerse en la agenda pública, marcando un momento clave en la política y el enfoque de derechos humanos en el país.
