El Poder Judicial del Perú ha confirmado la inhabilitación de 10 años para ocupar cargos públicos impuesta al expresidente Martín Vizcarra por el Congreso. Esta decisión fue reafirmada por la Primera Sala Constitucional de Lima, que ratificó una sentencia previa de la jueza Rocío Rabines del 8 de marzo. La demanda de amparo presentada por Vizcarra, en la que solicitaba la anulación de su inhabilitación, fue considerada improcedente.
Vizcarra buscaba revocar la sanción impuesta en abril de 2021 por su supuesta vacunación irregular contra la COVID-19 en octubre de 2020. Argumentó que se había violado su derecho a una debida justificación de las resoluciones judiciales y su derecho a participar en la vida política del país.
Sin embargo, la Sala Constitucional determinó que no se habían demostrado violaciones específicas a los derechos constitucionales de Vizcarra por parte del Congreso. Esta sanción impidió al exmandatario asumir el cargo de congresista, a pesar de haber obtenido la mayor votación en las elecciones de 2021.
Tras esta resolución, Vizcarra anunció en la red social X su intención de llevar el caso ante el Tribunal Constitucional (TC) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Afirmó que, después de tres años de espera, el proceso en el Poder Judicial ha concluido y que espera que el TC y la CIDH levanten las inhabilitaciones, lo que le permitiría postularse en las elecciones generales de 2026.
