Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, se encuentra prófugo de la justicia desde el 17 de noviembre, tras la orden del juez Richard Concepción Carhuancho que dispuso 36 meses de prisión preventiva en su contra. Esto, en el marco de una investigación que lo señala como uno de los presuntos líderes de la organización criminal «Waykis en la Sombra».
Desde su desaparición, Boluarte no ha asistido a las audiencias, ni de manera física ni virtual. Su abogado actual, Luis Vivanco, aseguró que no ha logrado establecer comunicación con él. Sin embargo, desde la clandestinidad, el acusado habría intentado nombrar como su nuevo abogado a Humberto Abanto, quien también representa al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
El 22 de noviembre, se presentó un escrito al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, donde Boluarte informaba sobre el cambio de su defensa. No obstante, Abanto anunció públicamente que no asumiría el caso debido a un requisito judicial: la presencia física del imputado para ratificar la designación.
“La designación de nuevos abogados requiere la ratificación personal del señor Boluarte, algo imposible en su situación actual. Por esta razón, he desistido de asumir su defensa”, declaró Abanto. El abogado también expresó su confianza en que Vivanco continuará liderando la defensa de manera adecuada, destacando su trayectoria como penalista.
El debate político tras la fuga de Boluarte
El caso de Nicanor Boluarte ha generado un cruce de declaraciones en el ámbito político. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, cuestionó la decisión judicial y denunció una supuesta “judicialización de la política” con el objetivo de involucrar a la presidenta Dina Boluarte en las investigaciones.
Por su parte, el ministro Julio Demartini criticó el enfoque del juez Concepción Carhuancho, señalando que decisiones anteriores del magistrado fueron revocadas por instancias superiores. “Es evidente que este proceso está siendo politizado”, afirmó Demartini, quien ha acompañado a Boluarte desde su gestión en el MIDIS durante el gobierno de Pedro Castillo.
Mientras tanto, figuras como Waldemar Cerrón, congresista de Perú Libre, sugirieron que el juez Carhuancho “postule al Congreso si quiere legislar”, en respuesta a su rechazo a aplicar modificaciones legales promovidas por el partido.
El caso sigue generando tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, mientras Nicanor Boluarte permanece como prófugo, sumando otro episodio de controversia en el panorama político peruano.
