La decisión fue emitida por la Sala Penal Permanente, presidida por el juez César San Martín, que declaró infundadas las apelaciones de las procuradurías de dichas entidades, en la investigación contra Dina Boluarte, Alberto Otárola y otros.
El Poder Judicial ordenó a la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior que cumpla con entregar los planes operativos elaborados para el control de las violentas protestas ocurridas en nueve departamentos en los años 2022 y 2023 contra la Administración de la presidenta Dina Boluarte.
La decisión fue emitida por la Sala Penal Permanente, presidida por el juez supremo César San Martín, que declaró infundadas las apelaciones de las procuradurías de las entidades antes referidas, en la investigación contra Boluarte, el expremier Alberto Otárola y otros.
El fallo precisa que “la investigación se sitúa en una posible violación de derechos humanos, que el Estado está, en esta etapa procesal, en el deber de esclarecer y llegar a la verdad de lo sucedido”; ante los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
En la resolución, el tribunal supremo también señala que “el Ministerio Público debe custodiar, bajo control judicial, la reserva investigativa de esos documentos para evitar riesgos añadidos a la seguridad pública”.
Como se recuerda, el 27 de noviembre del año pasado, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte Zegarra y Otárola, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado, a causa de las muertes registradas durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.
