El Poder Judicial aprobó un acuerdo que garantiza el reconocimiento de culpabilidad de la empresa constructora OBRAINSA y el pago de S/ 82 millones como reparación civil por su participación en actos de corrupción relacionados con el caso Lava Jato.
El pasado 15 de noviembre, el juez Ubaldo Callo Deza del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional aprobó el acuerdo de colaboración eficaz firmado entre el Equipo Especial “Lava Jato” del Ministerio Público, la Procuraduría Pública Ad Hoc, y la empresa peruana OBRAINSA.
Este convenio implica el reconocimiento de culpabilidad por parte de la constructora y dos de sus ejecutivos, quienes admitieron haber cometido delitos de corrupción en 11 proyectos de infraestructura.
OBRAINSA aceptó haber integrado el llamado «Club de la Construcción», un esquema ilícito mediante el cual empresas simulaban competir en licitaciones públicas. A cambio de su colaboración y la entrega de información clave para las investigaciones penales, se estableció una reparación civil de S/ 81.8 millones, que será pagada en un plazo de 12 años, con intereses legales incluidos en una cuota adicional, señala el PJ.
La procuradora ad hoc, Silvana Carrión Ordinola, destacó la relevancia de este convenio: “Este es el cuarto acuerdo con una empresa que ha sido aprobado por la justicia peruana, en elmarco del mega proceso ‘Lava Jato’. Con ello, el Estado empezará a cobrar la reparación civilde manera adelantada por los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Club de la Construcción’, que involucran alos expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala, al mismo tiempo que los procesos sefortalecen”.
Entre las medidas acordadas, destaca la creación de un fideicomiso administrado por Cofide o el Banco de la Nación, que garantizará el cumplimiento de los pagos.
Además, se incluyó una cláusula que prohíbe a OBRAINSA iniciar procesos arbitrales, judiciales o administrativos contra el Estado por los proyectos relacionados.
El fallo representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción y un importante precedente para la recuperación de fondos públicos en el marco del caso Lava Jato.
