El expresidente es acusado por rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, y enfrenta un pedido fiscal de 34 años de prisión que está en fase de control de acusación.
El Poder Judicial amplió por 18 meses la prisión preventiva impuesta a Pedro Castillo por el golpe de Estado que asestó el pasado 7 de diciembre del 2022.
Por este caso, el expresidente es acusado por rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, y enfrenta un pedido fiscal de 34 años de prisión que está en fase de control de acusación.
«El fallo, emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, declara fundado el requerimiento de la Fiscalía; en consecuencia, revoca la resolución dictada en primera instancia que amplió la medida coercitiva para el exmandatario por 14 meses», informó el PJ en sus redes sociales.
El tribunal argumentó su decisión tras “inferir la subsistencia del peligro de fuga, más aún si el proceso tiene un largo tramo para su culminación dentro de un plazo razonable (…), por lo cual corresponde prolongar la prisión preventiva”.
Castillo se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, en Ate, desde el 7 de diciembre del 2022, día del en que quebró el orden constitucional.
El Poder Judicial dictó en su contra una primera orden de prisión preventiva por 18 meses, que vencía el 6 de junio, pero, ahora con la ampliación dictada, se prolongará hasta diciembre del 2025.