El Poder Judicial ha extendido por 18 meses el impedimento de salida del país contra el ex primer ministro Aníbal Torres en el marco del proceso penal relacionado con el fallido golpe de Estado del ex presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.
El juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley consideró prudente el plazo solicitado por la Fiscalía para asegurar las etapas restantes del proceso penal, incluyendo el control de acusación y el eventual juicio oral. Además, Checkley tomó en cuenta que Torres se allanó al pedido del Ministerio Público y que persiste el peligro de fuga.
Durante la audiencia del último miércoles, Aníbal Torres manifestó: “Me estoy allanando a eso sin reconocer los hechos que se me están imputando. Usted señor magistrado, en este proceso, no tiene usted una sola prueba en mi contra. Lo único que tiene son los dichos de la Fiscalía y de la Procuraduría. Esto desmerece a la administración de la justicia penal. No puede estar una persona procesada por más de 18 meses sin que exista una sola prueba en su contra, violando la Constitución”.
Por su implicación en el fallido golpe de Estado, la Fiscalía ha solicitado 15 años de prisión para Torres por presunto delito de rebelión mientras ejercía como asesor de su coprocesada y ex primera ministra Bettsy Chávez. En el mismo caso, también están siendo procesados el ex presidente Pedro Castillo, con una solicitud de 34 años de prisión efectiva, y los ex ministros Willy Huertas y Roberto Sánchez, con penas solicitadas de 25 años de cárcel cada uno.
En paralelo, el Tribunal Constitucional ha rechazado el habeas corpus presentado a favor de Pedro Castillo, que buscaba su liberación inmediata, reposición en el cargo de jefe de Estado y la anulación de los procesos penales en su contra. La petición también incluía la denuncia contra varios altos funcionarios y jueces, alegando vulneraciones a derechos fundamentales, pero el Tribunal determinó que no tenía competencia para reponer a Castillo en su cargo ni anular los procesos penales.
El Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial extender a 18 meses la prisión preventiva de Castillo, actualmente detenido en el establecimiento penitenciario de Barbadillo en Ate. Esta solicitud se basa en el peligro de fuga, argumentando que Castillo ha recibido frecuentes visitas de congresistas y que su familia se encuentra asilada en México. La defensa de Castillo ha apelado esta medida, buscando la revocación de la ampliación. El juez Juan Carlos Checkley ha admitido las apelaciones y las ha remitido a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para su evaluación.
