Los ministerios de Justicia de Perú y Chile intercambiaron experiencias sobre el desarrollo de políticas en materia de derechos humanos a fin de promover su fortalecimiento y la cooperación.
Fue a través del seminario internacional «Experiencias en el desarrollo de políticas en derechos humanos», organizado por ambos ministerios.
El ministro de Justicia, Eduardo Vega, comentó que este encuentro virtual es parte del Plan Binacional Perú-Chile y refirió que, en el caso peruano, el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, actualmente en vigencia, se compone de cinco lineamientos estratégicos, 150 acciones estratégicas y 281 indicadores.
Asimismo, dijo que tiene la particularidad de haber identificado medidas específicas dirigidas a la atención de 13 grupos de especial protección, que llevaron a la conformación de igual número de mesas de trabajo.
Se trata de las personas adultas mayores; población afroperuana; personas con discapacidad; mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas privadas de libertad; personas con VIH/SIDA y personas con TBC; trabajadoras y trabajadores del hogar; personas LGBTI; defensores y defensoras de derechos humanos; pueblos indígenas; personas en situación de movilidad y personas víctimas de la violencia ocurrida entre los años 1980 y 2000.
Además, destacó que esta política pública de Estado, cuya continuidad ha sido garantizada de modo ininterrumpido durante 16 años, nos sigue planteando el reto de hacerla cada vez más útil para generar un impacto efectivo en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, en condiciones de igualdad y sin discriminación; y que es también una expresión del compromiso del Estado peruano con sus obligaciones internacionales.
Remarcó además que el Estado peruano ha asumido ahora el reto de formular su primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y DD.HH., con el objetivo de incorporar en las políticas públicas nacionales los estándares internacionales de protección, respeto y reparación de derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales, principalmente los Principios Rectores de la ONU y las Líneas Directrices de la OCDE sobre Empresas Multinacionales.
Luna dijo que este proceso se viene ejecutando de manera participativa, con la intervención de 131 instituciones, y refirió que, luego de dos años, se aspira a aprobar este instrumento de gestión pública en el primer semestre de 2021.
Igualmente, anunció que próximamente se iniciará la elaboración de la Política Nacional de Derechos Humanos con prospectiva al 2030, considerando que el plazo del plan vigente culmina en diciembre de este año.
Finalmente, reflexionó, que hoy estamos obligados a replantearnos constantemente la eficacia y la eficiencia de nuestros instrumentos de gestión pública, ante la complejidad histórica de la problemática que se aborda, los constantes cambios sociales y, también, la emergencia sanitaria por el covid-19, entre otros factores.
Chile
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Hernán Larraín Fernández, señaló que el seminario busca el diálogo constructivo en el proceso de diseño y evaluación de políticas y planes de derechos humanos, en el entendido de que a través de estos instrumentos se incorpora el enfoque de DD.HH. en las políticas públicas.
Dio alcances en torno a los avances del Plan Nacional de Derechos Humanos en su país, así como del impulso que se está dando al Plan de acción de derechos humanos y empresas.
En el encuentro virtual participaron también Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DD.HH. (ACNUDH); Edgardo Rodríguez, director general de DD.HH. de Perú; Marcela Correa, jefa de la División de Promoción de la Subsecretaría de DD.HH. de Chile.
También, Froukje Boele, mánager de Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); e Igor Salazar, presidente del Comité de Empresas y DD.HH. de la Confiep; y María Teresa González, country manager de Statkraft Chile.
La clausura estuvo a cargo de Daniel Sánchez, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de Perú; y Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos de Chile.
