Representante de MP señala que continúan pesquisas preliminares sobre 51 carpetas fiscales abiertas al respecto
Las 51 carpetas fiscales referidas a fallecimientos durante las protestas registradas en Perú desde diciembre del año pasado continúan en fase de investigación preliminar, encontrándose dentro del plazo para ello, señaló ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la representante de la Fiscalía de la Nación, Marena Mendoza.
Durante la sesión que dicha instancia supranacional realizó hoy en el marco del seguimiento a la implementación de las recomendaciones dadas al Estado Peruano respecto a este tema, Mendoza señaló que 38 de dichas carpetas han sido declaradas “casos complejos”.
Preció que en las carpetas abiertas se incluyen los casos de 50 personas fallecidas durante las protestas, 367 heridas y 267 que resultaron agraviadas por otros delitos denunciados durante las manifestaciones político-sociales aludidas.https://www.youtube.com/embed/2KlwhH6feLQ?si=uuZadNvB6WGBjiWn
La representante del Ministerio Público mencionó también que el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales ha realizado más de 4478 diligencias de investigación sobre los hechos denunciados.
Durante la audiencia ante la CIDH intervino el viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Luigino Pilotto, quien negó que el gobierno peruano desarrolle una política para vulnerar los derechos humanos. Pidió tener en cuenta que las investigaciones sobre los hechos ocurridos durante las protestas las realizan organismos constitucionalmente autónomos.
Dijo, además, que el Estado peruano brindó atención a 111 deudos de 63 personas fallecidas, y a 155 personas que resultaron con heridas de gravedad. Mencionó, asimismo, el apoyo económico dado a las víctimas, consistente en 55 mil soles por persona fallecida y 25 mil soles por cada herido de gravedad.
Otros participantes
En la sesión también intervinieron, desde Lima, representantes de los ministerios de Salud, del Interior y de Defensa. In situ, en la ciudad de Washington, lo hicieron el representante peruano ante la Organización de Estados Americanos, Gustavo Adrianzén, así como el viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, José Carlos Rivadeneyra.
Adrianzén hizo un recuento de los hechos ocurridos a partir del 7 de diciembre, y recordó que en esa fecha el expresidente Pedro Castillo incurrió en un golpe de Estado que desencadenó “un entorno de violencia generalizada”, que generó numerosos decesos, con los cuales el Estado peruano se solidariza, según dijo.
Recalcó, además, que esta situación había estado “orquestada por organizaciones que tenían previsto un asalto a la democracia en el Perú”. Reiteró asimismo la negativa de que desde el gobierno se haya aplicado una política contraria a los derechos humanos.
Al término de la intervención de Adrianzén, personas que formaban parte de la audiencia lanzaron frases contrarias a la representación del Estado peruano, lo que llevó a que se les desaloje del recinto. Tanto los representantes del gobierno como los de las víctimas pidieron que se les retire del lugar.
Por parte de las víctimas, intervino Nelson Oré, uno de los heridos durante las protestas. También hicieron uso de la palabra Dany Quispe, padre de uno de los jóvenes fallecidos en ese contexto, el 11 de diciembre, en Andahuaylas, y Raúl Samillán, hermano de Marco Antonio Samillán, médico que falleció cuando, en medio de las manifestaciones, brindaba ayuda.
Ketty Marcelo, representante de las mujeres de comunidades autóctonas y las abogadas Gloria Cano y Florencia Reggiardo participaron también, afirmando que el Estado peruano no cumple con las recomendaciones que la CIDH consignó en el informe que sobre esta coyuntura emitió en mayo.
