El reciente proyecto de ley presentado por el congresista Miguel Ciccia busca garantizar la seguridad y el orden en el país al proponer la expulsión inmediata de extranjeros detenidos en flagrancia por delitos graves, como los delitos contra el patrimonio, la seguridad pública y otros de similar índole. Esta medida se basa en la necesidad de reforzar la ley y proteger a la ciudadanía peruana de aquellos que violan las normativas y ponen en riesgo el bienestar del país.
La propuesta modifica el artículo 58 del Decreto Legislativo 1350 y tiene como objetivo evitar que los delincuentes extranjeros permanezcan en el país mientras se resuelve su situación legal. De acuerdo con Ciccia, permitir que estos individuos queden en el sistema penitenciario peruano representa un gasto innecesario para el Estado, además de ser injusto para aquellos extranjeros que se encuentran en el país de manera regular y respetando las leyes.
Una de las principales ventajas de esta medida es que se busca reducir los costos asociados a la prisión preventiva de personas extranjeras, lo que representa un ahorro significativo para el gobierno. Además, con la creciente preocupación por el crimen organizado y las bandas delictivas internacionales, es esencial que el Perú adopte políticas firmes para evitar que los delincuentes entren al país y se establezcan con impunidad.
Este enfoque no debe interpretarse como un ataque a los migrantes, sino como una medida dirigida a quienes abusan del sistema y ponen en peligro a la población. El país tiene la responsabilidad de garantizar que la migración se realice de manera ordenada y segura, beneficiando tanto a los migrantes como a los ciudadanos peruanos.
Además, en un contexto de crecimiento del crimen transnacional y la sobrecarga de los sistemas penitenciarios, es crucial que las políticas migratorias respondan con firmeza ante los riesgos de seguridad. Al dar prioridad a la justicia y el bienestar colectivo, el proyecto de ley contribuye a una sociedad más segura y equitativa para todos.
En este sentido, se trata de un paso necesario para fortalecer el sistema judicial del país y mantener el orden público. Perú, como cualquier nación, tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos y garantizar que las personas que cometen crímenes no queden impunes, independientemente de su estatus migratorio. Las medidas propuestas por Ciccia no solo son un esfuerzo por mejorar la seguridad, sino una forma de enviar un mensaje claro: en el Perú, la ley se respeta.
