El expresidente Pedro Castillo no logró persuadir al abogado Eduardo Pachas para que retomara su defensa legal en el proceso penal por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. En cambio, apareció en la audiencia del viernes 3 de mayo acompañado por su nuevo abogado principal.
La defensa de Castillo en este proceso estará ahora a cargo del abogado Luis Walter Medrano Girón, quien está vinculado a la presunta organización criminal «Los Terribles de la Impunidad» en Junín.
Medrano Girón ya había sido designado como defensa exclusiva del exmandatario en el proceso por rebelión en febrero de este año. Sin embargo, Castillo creía que su abogado principal seguía siendo Eduardo Pachas, quien renunció tras la designación del nuevo letrado.
En la audiencia del pasado viernes 26 de abril, Castillo expresó su deseo de que Pachas continuara llevando su caso, pero ante su renuncia, el juez supremo César San Martín reprogramó la audiencia de apelación para el 3 de mayo.
En la breve audiencia del 3 de mayo, el abogado de Castillo, Luis Medrano Girón, comunicó el retiro del recurso de apelación, decisión confirmada por el exmandatario. Castillo había impugnado una resolución del juez Checkley que rechazaba una tutela de derechos para excluir pruebas del proceso penal.
Mientras tanto, el Gobierno de México otorgó asilo a Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, quien está detenido por acusaciones de rebelión y complot contra el Estado de Perú. Este acto ha generado controversia en México debido a que Paredes recibe una pensión mensual de 10,000 dólares, alojamiento y beneficios adicionales, planteando interrogantes sobre la equidad y transparencia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La oposición en México ha expresado preocupación por lo que considera un trato preferencial e injustificado hacia Paredes, intensificando el debate sobre la imparcialidad en el otorgamiento de asilo político y los criterios empleados por López Obrador. Mientras tanto, en Perú, Paredes está siendo investigada por su presunta participación en una red delictiva durante el gobierno de su esposo, aunque se mantiene fuera del alcance de las autoridades peruanas debido a su estatus de asilada en México.
