Patricia Benavides, la titular de la Fiscalía, emitió un comunicado público en el que rechazó la idea de renunciar a su cargo, a pesar de las acusaciones que la señalan como supuesta líder de una organización criminal. Además, anunció la presentación de una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola.
La controversia gira en torno al automóvil Lexus que aseguran fue ocultado por la PCM. Cabe destacar:
Alberto Otárola bajo la lupa de la Fiscalía por el vehículo oficial Lexus que estuvo en la casa de una amiga investigada.
En compañía de fiscales provinciales y apenas dos superiores, afirmó que la institución que encabeza «ha sido blanco de ataques premeditados por aquellos que se oponen a combatir la impunidad y corrupción que se gesta en los niveles más altos del poder».
«Sin embargo, la Fiscalía ha brindado todas las facilidades necesarias al equipo de fiscales anticorrupción para llevar a cabo todas las investigaciones requeridas», añadió.
En lugar de profundizar y ofrecer aclaraciones sobre los comprometedores mensajes de su exasesor principal, Jaime Villanueva, en los que pacta votaciones cruciales dentro del Congreso de la República, insinuó que todo se reduce a represalias por la «investigación de casos de máxima relevancia en los que los implicados buscarán utilizar todo su poder para obstruir la justicia».
Incluso afirmó que la fiscal Marita Barreto, a quien destituyó durante la madrugada, está siendo utilizada por aquellos «que no desean ser investigados y aún tienen la capacidad de tomar represalias contra la institución que represento».
«No permitiré que esa presión y la injerencia externa dañen el trabajo de tantos fiscales comprometidos con esclarecer los hechos y encontrar a los verdaderos responsables», agregó.
Con gran sorpresa ante las constantes ampliaciones de la investigación y el escaso progreso en la recopilación de más de 300 declaraciones de testigos, anunció la presentación de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola y los exministros del Interior por las muertes y agresiones durante las protestas antigubernamentales.
«No se debe permitir la pérdida de ninguna vida peruana ni el abuso de poder. No se puede tolerar el intento de dañar la reputación de fiscales honestos, por eso siempre hemos actuado de acuerdo con la Constitución y la ley», sentenció.
¿Qué delitos se imputan a la presidenta y a los ministros?
Según el documento, la fiscal de la Nación concluye que la mandataria es autora de homicidio calificado en perjuicio de Christopher Michael Ramos, José Luis Aguilar, Rosalino Flores Valverde, Sonia Aguilar Quispe y Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca, además de lesiones graves contra Renato Murillo Reyes.
Mientras que al primer ministro, en su calidad de ministro de Defensa, se le acusa de ser autor del presunto delito de homicidio calificado en perjuicio de Christopher Ramos Aime y José Luis Aguilar Yucra.
En el caso de los exministros del Interior, a César Cervantes se le imputa como presunto autor del delito de lesiones graves en perjuicio de Renato Murillo Reyes; Víctor Rojas como autor de homicidio calificado en perjuicio de Rosalino Florez Valverde y Vicente Romero, recientemente censurado, como presunto autor del delito de homicidio calificado contra Sonia Aguilar y Víctor Raúl Santisteban.
Según el texto, el General Víctor Zanabria, exjefe policial de Lima, afirmó que la presidenta nunca emitió directivas para asegurar la vida e integridad de los ciudadanos que protestaban.
¿Qué sigue después de la presentación de la denuncia?
Según el reglamento del Congreso, la denuncia será remitida de inmediato a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que se encargará de «calificar la admisibilidad y procedencia en un plazo máximo de 10 días hábiles».
Si se aprueba, la denuncia pasará a la Comisión Permanente en un plazo de 48 horas, después de los 10 días de evaluación en la subcomisión. Si procede en esa instancia, regresa a la subcomisión para designar al delegado y recoger los testimonios y pruebas que respalden la denuncia antes de continuar su curso hasta el pleno del Congreso.
Una vez en el pleno, se necesitará el respaldo de 66 legisladores para su aprobación. Si esto sucede, el caso se remitirá a la Fiscalía de la Nación. En caso contrario, la denuncia se archivará.
En respuesta a la denuncia en su contra, Dina Boluarte manifestó a través de un comunicado que la titular de la Fiscalía está llevando a cabo una «deleznable maniobra política» y llamó al Congreso a velar por la «estabilidad del país».
«El gobierno siempre respaldará la labor de jueces y fiscales honestos y competentes; somos enemigos de la corrupción e impunidad. En ese sentido, reitero el compromiso de mi gobierno de luchar decididamente contra la corrupción, sin injerencias ni presiones políticas, como se intenta hacer con esta maniobra política para cambiar la atención de los asuntos de corrupción que involucrarían a la fiscal de la nación», declaró. Expresó su sorpresa por la denuncia en su contra, ya que fue notificada hace algunos días de la ampliación de las diligencias por un plazo de ocho meses.
«Sospechoso y grave que se presente [la denuncia] después de que los dos fiscales supremos aceptaran la renuncia de la fiscal de la nación por los hechos ya conocidos», agregó.
