Michael Wilson Urtecho Urtecho Medina, excongresista entre 2006 y 2013, pasó de ser un miembro destacado del Congreso a convertirse en un símbolo de la corrupción en Perú.
En el auge de su carrera política, Urtecho se vio involucrado en un escándalo que dejó una marca indeleble en la lucha contra la impunidad en el país. En diciembre de 2013, fue destituido tras ser acusado de reducir los salarios de sus trabajadores parlamentarios y apropiarse de más de 430,000 soles en un esquema en el que también estuvo implicada su esposa, Claudia Vanessa Gonzales Valdivia.
Las denuncias comenzaron a surgir a fines de 2013, cuando varios extrabajadores de su despacho denunciaron públicamente el hecho. Esto condujo a una investigación por parte de la Comisión de Ética del Congreso, que inicialmente propuso una suspensión de 120 días, aunque la gravedad del caso llevó a su destitución y la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante diez años.
El Poder Judicial condenó a Urtecho y a su esposa, confirmando penas de 22 años y 5 meses para él, y 28 años para ella, por los delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y apropiación de sueldos de al menos cuatro extrabajadoras. Además, ambos fueron sentenciados a pagar más de 3 millones de soles en reparaciones civiles al Estado.
La resolución judicial indicó que se debía proceder con la captura de ambos y su internamiento en prisión. Sin embargo, cuando las autoridades se presentaron en su domicilio en La Molina para ejecutar la sentencia, descubrieron que los condenados habían abandonado el lugar. Desde entonces, el paradero de Urtecho y Gonzales es desconocido, y el juez Juan Carlos Checkley ordenó su búsqueda y captura inmediata.
Aunque desde septiembre de 2023 Urtecho y Gonzales cumplían arresto domiciliario, la Policía Nacional descubrió que habían violado esta medida antes de la confirmación de sus sentencias.
El caso de Urtecho se convierte en un hito en la lucha contra la corrupción, al ser el primer excongresista en Perú condenado a prisión por corrupción relacionada con el recorte de sueldos. A pesar de las medidas preventivas, la fuga de los sentenciados resalta las limitaciones del sistema judicial ante tales delitos.
Actualmente, la ciudadanía espera que el caso termine con la captura de los prófugos y refuerce el compromiso del Estado con la lucha contra la corrupción en el país.
