El Poder Judicial ha emitido una orden de captura nacional e internacional contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, luego de que se dictara 36 meses de prisión preventiva en su contra. La medida fue dispuesta tras su inasistencia, tanto presencial como virtual, a la audiencia del 18 de noviembre.
El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, consideró que Boluarte Zegarra no logró acreditar arraigo domiciliario ni laboral, lo cual representa un potencial riesgo para el desarrollo de las investigaciones en el caso conocido como ‘Los Waykis en la Sombra’.
Sin contacto con su abogado y con orden de captura activa
Luis Vivanco, abogado defensor de Boluarte, declaró no haber podido localizar ni comunicarse con su cliente, lo que complica aún más su situación. Ante esta circunstancia, se ha solicitado la intervención de Interpol para su búsqueda y detención. Según la resolución judicial, la prisión preventiva comenzará a regir una vez que Boluarte sea capturado.
Además de Nicanor Boluarte, otros investigados en el mismo caso, como Jorge Luis Ortiz Marreros, Jorge Chingay Salazar y Zenovia Herrera Vásquez, también enfrentan pedidos de prisión preventiva por 36 meses. Las defensas de los implicados han presentado recursos de apelación, mientras que la Fiscalía ha respaldado la decisión judicial.
Controversias y cuestionamientos a la medida judicial
El abogado Joseph Campos, también representante legal de Boluarte, calificó la prisión preventiva como inconstitucional y señaló que refleja un juicio preconcebido. Según Campos, el juez Concepción Carhuancho había expresado opiniones sobre el caso en foros académicos, lo que pone en duda su imparcialidad.
Campos defendió a su cliente, calificando su decisión de mantenerse en la clandestinidad como una “reacción humana” frente a lo que considera una medida desproporcionada. No obstante, aseguró no haber tenido participación en una posible fuga y criticó el fallo como un “espectáculo mediático” que ignora los argumentos presentados por la defensa.
El juez, por su parte, argumentó que la falta de arraigo domiciliario, laboral y económico, sumada al riesgo de fuga y obstrucción del proceso, justifican la prisión preventiva. Según Concepción Carhuancho, mantener a Boluarte en libertad podría comprometer gravemente el éxito de las investigaciones.
Este caso ha desatado un debate sobre la independencia del sistema judicial peruano y la influencia de posibles prejuicios en la toma de decisiones legales.
