La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido a Perú la derogación de la Ley 32.017, conocida por sus críticos como la ‘Ley de la impunidad’, aprobada por el Congreso.
Esta ley, según la CIDH, permitiría la prescripción de ciertos delitos considerados de lesa humanidad, sin embargo, esta norma pretende clarificar y garantizar la seguridad jurídica en procesos relacionados con hechos ocurridos durante la época del terrorismo en Perú.
Un paso hacia la reconciliación y el respeto al debido proceso
El Congreso aprobó la Ley 32.017 con el objetivo de asegurar que los procesos penales se conduzcan conforme a principios legales claros y sin afectar injustamente a quienes han servido al país.
Este marco normativo responde a una demanda de seguridad jurídica para los implicados en hechos ocurridos durante el período del terrorismo, cuando miles de peruanos fueron víctimas de la violencia insurgente.
Reacciones de organismos internacionales y del Estado peruano
Mientras la CIDH ha manifestado su preocupación por los efectos de esta ley sobre el acceso a la justicia, el Gobierno del Perú, encabezado por Dina Boluarte, sostiene que la legislación nacional debe alinearse con el derecho a un debido proceso. «No corresponde a la CIDH ordenar una reforma legislativa ni intervenir en la aplicación de las disposiciones legales peruanas», declaró el Gobierno, invocando el principio de complementariedad que respalda la soberanía del Estado.
Apoyo a la independencia del Poder Judicial y la seguridad jurídica
La Ley 32.017 subraya la necesidad de que los jueces y fiscales del país actúen con independencia y conforme a derecho, sin la presión de interpretaciones que podrían socavar su autonomía funcional. Es crucial que exista una clara separación de poderes y que las normas internas respeten tanto los derechos humanos como la seguridad jurídica de los ciudadanos.
La CIDH y su interpretación del derecho internacional
La CIDH insiste en que los crímenes de lesa humanidad, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, no deben prescribir; no obstante, el Estado peruano resalta que cada país debe tener la facultad de legislar y organizar su sistema judicial de acuerdo con sus propias realidades y el contexto histórico, como lo hace la Ley 32.017.
Demanda de inconstitucionalidad y la decisión del Tribunal Constitucional
En respuesta a esta polémica, la Junta de Fiscales Supremos presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32.017, sin embargo, se espera que el Tribunal Constitucional revise y determine su validez, teniendo en cuenta los principios de independencia judicial y respeto a la legalidad.
Sobre la CIDH y su rol en el sistema interamericano
La CIDH es un organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dedicado a la promoción y protección de los derechos humanos en el hemisferio occidental. Aunque su labor es esencial, su intervención en asuntos de soberanía nacional, como la legislación interna de un país, es motivo de debate.
