El Ministerio de Justicia (Minjus) ha iniciado una serie de debates en todo el país para evaluar la viabilidad de implementar la pena de muerte como sanción para violadores de menores. Según el jefe de Gabinete de Asesores del Minjus, Juan Falconi, esta medida forma parte de un conjunto de acciones destinadas a combatir los crecientes índices de criminalidad que afectan a la sociedad peruana.
Primer debate en La Libertad
La región La Libertad fue el punto de partida de estas rondas de diálogo, donde diversos sectores, incluidos representantes de la Iglesia Católica y el Colegio de Abogados, participaron en un acalorado debate. Aunque estas instituciones mostraron reservas frente a la propuesta, las encuestas realizadas al final del evento reflejaron que más del 90% de los asistentes estaba a favor de la pena de muerte.
«Es crucial escuchar a la ciudadanía, que exige medidas más severas ante delitos tan graves como la violación de menores. Este es un tema que nos obliga a repensar las sanciones actuales», declaró Falconi, quien también subrayó que esta discusión busca recoger el sentir popular y analizar su compatibilidad con los marcos legales e internacionales vigentes.
Proyección nacional del debate
El Gobierno planea llevar estas discusiones a todas las regiones del país durante los primeros meses de 2025. Sin embargo, Falconi reconoció que el limitado presupuesto podría dificultar este objetivo, por lo que evalúan alternativas como realizar reuniones por macrorregiones.
«La idea es alcanzar a la mayor cantidad de ciudadanos posible. Queremos que todos los sectores de la sociedad puedan expresar su opinión, desde gremios de transportistas hasta pequeños comerciantes, quienes también son víctimas de extorsión y violencia», agregó.
Implicaciones internacionales
Uno de los puntos más controvertidos de este debate es la posible necesidad de desvincularse del Pacto de San José, que prohíbe la aplicación de la pena de muerte en la mayoría de los casos. De tomarse esta decisión, los ciudadanos peruanos perderían la posibilidad de apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que genera preocupación en diversos sectores.
Respuestas a las críticas
Durante el debate, Falconi también respondió a las críticas de la Iglesia Católica sobre las referencias a países como Irán y Arabia Saudita, donde se aplica la pena de muerte. «No se trata de seguir su modelo, sino de mostrar que existen países que, respetando compromisos internacionales, han adoptado medidas severas frente a ciertos delitos», afirmó.
La propuesta ha generado un intenso debate en el país, enfrentando posturas que priorizan los derechos humanos frente a quienes exigen sanciones más drásticas para enfrentar los crímenes que afectan a los sectores más vulnerables.
