El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, precisó hoy que el Ejecutivo no presentará ante el Congreso una cuestión de confianza por el ministro de Trabajo, Iber Maraví, a quien se busca censurar en el Parlamento.
“Repito, no hay cuestión de confianza por el caso Maraví, clarísimo, ahí se acaba el debate, no hay cuestión de confianza. Congreso de la República siéntanse tranquilo, no va a haber eso”, declaró en Exitosa.
Sostuvo que en el Ejecutivo no hay ánimo de perjudicar al Congreso ni establecer el camino para cerrarlo, porque para ellos “primero está el Perú, la gobernabilidad y la democracia”.
Puntualizó que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien anunció una cuestión de confianza por el ministro Maraví, también lo ha entendido.
“En el equipo puede haber diferencias, contradicciones, pero mediante el dialogo se llega a soluciones, no hay expropiaciones, no hay cuestión de confianza, ahora también lo dice el premier”, sostuvo.
Refirió que en el Ejecutivo hay personas razonables, que escuchan a la población y al Congreso y que no buscan conflictos.
Observarán ley interpretativa
El ministro Torres, asimismo, anunció que el Ejecutivo observará la ley que modifica la cuestión de confianza, aprobada mediante una ley interpretativa por el Congreso.
“La prensa no dice nada cuando el Congreso, con ley de interpretación, modifica la Constitución, es una aberración jurídica, una atrocidad, esa ley debe ser observada, la observación se presentará el 6 o 7, se está a punto de terminar eso”, afirmó.
En ese marco, pidió al Congreso actuar conforme a la Constitución y defenderla sin violentarla.
Precisó que si el Parlamento aprueba la norma por insistencia, el Ejecutivo presentará una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Anunció además que, al amparo del artículo 206 de la Constitución, presentarán un proyecto de reforma constitucional al Congreso proponiendo reemplazar la causal de incapacidad moral para la vacancia presidencial por incapacidad metal.
En ese caso, explicó, el presidente de la República debe ser declarado interdicto por el Poder Judicial y, con esa certeza definitiva, el Congreso procederá a declarar la vacancia.
