Política

Ministro Ángel Manero enfrenta denuncia por resolución polémica que podría desencadenar catástrofe ecológica

El Ministerio Público ha recibido una denuncia contra Ángel Manuel Manero Campos, actual ministro de Desarrollo Agrario y Riego, por presuntos delitos relacionados con la emisión de un documento clave para la gestión forestal en Perú.

Ángela Lucila Pautrat Oyarzun, ingeniera forestal, directora de la ONG Kené y defensora de derechos humanos, ha presentado la querella. En ella, se alega que el ministro Manero Campos violó leyes y la Constitución al aprobar la Resolución Ministerial 0309-2024-MIDAGRI, que introduce la “Constancia de Libre Deforestación”.

Este documento, según el Ministerio Público, podría haber facilitado la concesión indebida de beneficios, constituyendo un delito de otorgamiento ilegal de derechos, según el Artículo 314 del Código Penal Peruano. También se le acusa de avocamiento indebido, de acuerdo con el Artículo 388 del mismo código, al emitir el documento fuera de sus competencias.

La denuncia sostiene que la resolución ministerial no solo infringe la legislación peruana y la Constitución, sino que también vulnera normativas ambientales y forestales. Se teme que facilite prácticas no autorizadas que violen las regulaciones destinadas a proteger los recursos naturales del país.

“Constancia de Libre Deforestación”: ¿qué es?

La Resolución Ministerial Nº 0309-2024-MIDAGRI, emitida el 10 de septiembre de 2024, establece el “Documento Electrónico de Constancia de Libre Deforestación”. Este certificado tiene el objetivo de asegurar que los productos o tierras evaluadas no hayan sufrido deforestación desde el 31 de diciembre de 2020, en cumplimiento con normativas internacionales sobre conservación forestal.

El documento se expedirá electrónicamente tras verificar que el área evaluada cumpla con las normativas vigentes y no haya sufrido deforestación. La Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas se encargará de la actualización y gestión del documento, mientras que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) colaborará en su implementación.

Contexto y retos de la normativa

La emisión de esta resolución coincide con la aplicación del reglamento de la Unión Europea (UE) que exige que los productos importados sean libres de deforestación. Esta normativa, aprobada en 2023, establece que a partir de enero de 2025 solo se podrán importar productos de tierras que no hayan experimentado deforestación después del 31 de diciembre de 2020.

La normativa europea se implementará de manera progresiva para permitir una adaptación adecuada por parte de los países exportadores como Perú. No obstante, se enfrentan desafíos debido a la estructura del sector agrícola, en el que solo un 30% de los productores están organizados en asociaciones. La UE ha aclarado que las recientes modificaciones a la Ley Forestal, conocida como la ‘Ley Antiforestal’, no están vinculadas con su reglamento.