El presidente de la Sunass, Mauro Gutiérrez, advirtió recientemente que las tarifas de agua potable en Lima y Callao podrían duplicarse para finales de 2026, sugiriendo un impacto significativo en los bolsillos de los ciudadanos. Según Gutiérrez, una familia promedio que actualmente paga 65 soles al mes podría ver su factura aumentar a 128 soles, un incremento del 97%. Esta alarmante proyección ha generado preocupación y reacciones de diversas autoridades.
En respuesta a estas declaraciones, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) defendió a la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, subrayando que la Sunass es la única entidad con la capacidad de fijar las tarifas de agua. Julio César de la Rocha, gerente general de Sedapal, aclaró que las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) no tienen la autoridad para establecer sus propias tarifas, y enfatizó que la metodología para cualquier cambio tarifario aún está en evaluación.
La ministra Pérez de Cuéllar, en un cambio de postura respecto a declaraciones anteriores, reconoció la posibilidad de un aumento en las tarifas de agua. No obstante, aseguró que este incremento no afectaría a la población en situación de pobreza y extrema pobreza. «Seríamos incongruentes si, por un lado, promovemos una ley para dar acceso a agua potable a los más vulnerables y, por otro, les aumentamos la tarifa», afirmó la ministra.
Asimismo, Pérez de Cuéllar explicó que la reevaluación del tarifario es competencia de la Sunass, aunque admitió que desde su cartera se ha sugerido un rebalanceo que se implementaría en los próximos dos años. Este rebalanceo apunta a mejorar el sistema de subsidio cruzado existente y a introducir un subsidio inteligente para beneficiar a los más vulnerables.
La propuesta de la ministra se basa en que aquellos con mayor consumo y capacidad económica subsidien a quienes no pueden pagar. Este planteamiento busca asegurar que un posible aumento en el servicio del agua no impacte negativamente a la población más desfavorecida.
Estas declaraciones se enmarcan en una serie de enfrentamientos entre el Ministerio de Vivienda y la Sunass sobre el posible incremento de las tarifas de agua, evidenciando la complejidad y la sensibilidad del tema en la gestión de recursos hídricos.
