Siete personas acusadas de haber participado en los contratos durante el gobierno de Alberto Fujimori, entre 1996 y 1998, para la adquisición ilícita de 18 aviones MiG-29 y 18 aviones Sukhoi, municiones, repuestos, servicios y otros en nombre del Estado peruano y la Fuerza Aérea del Perú, fueron sentenciadas por el delito de colusión desleal.
El histórico fallo, ocurrido en la víspera, fue obtenido por la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a cargo de la fiscal superior Milagros Mora, cuya investigación fue conducida por el fiscal adjunto superior Juan Manuel Fernández Castillo.
Las condenas, a cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva, recayeron en Juan Silvio Valencia Rosas, Guillermo Santiago Burga Ortiz, Óscar Emilio Fernando Benavides Morales y Eloísa Cristina de la Fuente Suárez.
Asimismo, fueron sentenciados el ex director general de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, Reynaldo Uladislao Bringas Delgado; el exdirector de Tesoro Marcelino Cárdenas Torres; y el ex director general del Banco de la Nación, José Luis Miguel del Priego Palomino. Todos ellos en calidad de cómplices primarios del mencionado delito.
Según la investigación fiscal, los condenados, quienes eran funcionarios a cargo de esta contratación pública y particulares, aprovecharon el contexto posconflicto del Alto Cenepa (producido en enero y febrero de 1995) para realizar una ilícita concertación con el objeto de obtener un beneficio patrimonial en perjuicio del erario nacional.
Producto de este delito se pagaron 452 millones de dólares por los aviones de combate adquiridos a través de los contratos Vulcano, Escorpio y otros con empresas extranjeras, pero cuyo valor real ascendió a 158 millones de dólares por tratarse de aeronaves de segundo uso y de un país que no otorgó garantía alguna al no ser fabricante de las mismas.
Cabe precisar que, por este caso, también fue sentenciado Vladimiro Montesinos, quien tras someterse al proceso de terminación anticipada, en mayo del 2010, recibió una condena de ocho años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión desleal en agravio del Estado.
Igualmente, en su momento, también fue sancionado el ex comandante general de la Fuerza Aérea del Perú Elesbán Bello Vásquez, quien reconoció los cargos imputados en su contra, emitiéndose una sentencia anticipada.
La ardua labor de la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima y del fiscal del caso, Juan Manuel Fernández Castillo, conllevó a que este caso no quedase impune.
Cabe recordar que en el primer juicio oral las imputaciones fueron desestimadas, incorporándose para este segundo juzgamiento documentación obtenida vía cooperación judicial con autoridades de la República de Panamá, con la cual se pudo reconstruir el circuito del dinero y los ilegales mecanismos que se siguieron en esta operación de compra.
