La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, enfrenta nuevas acusaciones de presuntas irregularidades en su gestión. El dominical Cuarto Poder reveló que al menos 10 personas fueron beneficiadas con órdenes de servicios que superan los S/ 15 mil tras reunirse con su asesor II, Jorge Rochabrunt.
La amistad entre Cuéllar y su asesor data de varios años, al punto de que Rochabrunt aparece en un parte policial indicando que, tras abandonar su casa por presunta violencia familiar, se alojó en el hogar de Cuéllar.
El reportaje cuestiona no solo las designaciones sino también el perfil de los beneficiados. Entre ellos está Jason Klisman, un joven sentenciado por robo agravado, quien luego consiguió un puesto en el ministerio, donde se mantiene hasta la actualidad.
Consultado sobre si se considera un delincuente rehabilitado, Klisman respondió que no sabría decir, pero que cumplió con lo que se le impuso. El joven, que acompaña y transmite algunas actividades oficiales de la ministra, fue captado por cámaras de seguridad robando un televisor, una laptop y un PlayStation en 2016 a su vecina. Sin embargo, tras reunirse con Rochabrunt el 13 de octubre de 2023, Klisman obtuvo órdenes de servicio por más de S/ 15 mil.
El asesor de Hania Pérez de Cuéllar podría estar influyendo en la contratación de personas en distintas áreas del Ministerio de Vivienda.
“Que alguien consiga así de rápido con ese prontuario quiere decir que o es muy importante o es necesario. Ahora, ¿la ministra sabía o está delegando conscientemente para después decir fue mi asesor, no fui yo?”, opinó Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción.
Francisco Gavidia, otro beneficiado, habría cobrado S/ 24 mil por coordinar el seguimiento de carteras priorizadas a cargo de la Oficina General de Monitoreo y Evaluación del Impacto del Ministerio de Vivienda, solo 36 horas después de visitar la oficina de Rochabrunt. Por su parte, Jorge Natividad Hinostroza, amigo de la ministra, obtuvo múltiples órdenes de servicio acumulando S/ 96 mil en asesoría legal.
José Antonio Trelles, especialista en contratación pública, opinó que “no son funciones de un asesor reunirse con terceros que potencialmente van a ser contratistas con la entidad. Podría ser que esté realizando una usurpación de funciones que no le competen”, cuestionando la legalidad de las acciones de Rochabrunt.
Jessica Esperanza Pereyra Fajardo, quien estudió una maestría con Rochabrunt, obtuvo su primera orden de servicio como especialista en comunicaciones por S/ 24 mil pocos días después de reunirse con él. Además, obtuvo otras siete órdenes de servicio por casi S/ 100 mil para trabajar en el programa nacional de saneamiento urbano, que no tiene ninguna dependencia funcional con Rochabrunt.
Ministerio de Vivienda Responde
A través de un comunicado, el Ministerio de Vivienda reconoció la designación de las 10 personas expuestas en el reportaje, sin referirse a las reuniones previas a la contratación de personal. En defensa de Rochabrunt, la cartera indicó que el funcionario cumplió con elevar “propuestas y recomendaciones a los diferentes órganos de la alta dirección en los temas de su competencia, por lo tanto, no ha ejecutado ninguna contratación en su calidad de asesor”.
“En todo proceso de contrataciones es el área usuaria quien evalúa y toma la decisión final, siguiendo el principio de pleno ejercicio de la autonomía y responsabilidad funcional. Condenamos que se vulnere la honra de un equipo profesional con experiencia y trayectoria validada por la transparencia de sus actos”, agregaron, destacando que todos los miembros del gabinete de asesores “informan permanentemente su trabajo y resultados”.
