La exministra de Justicia Delia Muñoz dijo que, en pocas palabras, la ONG de izquierda funge de defensa legal de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato en contra del Poder Ejecutivo.
El Instituto de Defensa Legal (IDL) es una de las tres ONG que representa a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que ha pedido medidas de protección para ambos integrantes del Equipo Especial Lava Jato.
Según evidencian documentos de acceso público, IDL, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) consiguieron que la CIDH exija al Estado que otorgue medidas de protección para Pérez y Vela, y sus respectivas familias.
En conversación con Altavoz, la exministra de Justicia Delia Muñoz dijo que, en pocas palabras, «las tres ONG los representan como abogados ante el Poder Ejecutivo».
«Hay una relación abogado-cliente en materia de defensa de los derechos humanos», detalló Muñoz.
La letrada explicó que, para cumplir con lo requerido por la CIDH, el Ministerio del Interior debe conversar con las ONG, que tienen la condición de representantes de Pérez y Vela, y las familias de ambos.
Esta información cobra relevancia en medio de las declaraciones del colaborador Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, quien evidenció el poder que ejerció IDL, a través de Gustavo Gorriti, sobre los fiscales Pablo Sánchez, Domingo Pérez y Rafael Vela Barba.
