Este lunes 11 de noviembre, en el marco del juicio oral por el caso Lomas de Ilo, Elard Paul Tejeda, exdirector de la empresa Obrainsa, ofreció nuevos testimonios sobre las presuntas irregularidades en el otorgamiento de contratos para un proyecto de irrigación en Moquegua, durante la gestión de Martín Vizcarra como gobernador de la región. Tejeda, quien se encuentra colaborando con la justicia tras haber estado prófugo, detalló un supuesto pago ilícito al expresidente que habría ocurrido en diciembre de 2013.
Según su declaración, Tejeda entregó un soborno de un millón de soles a Vizcarra, fraccionado en billetes de S/200 para evitar generar sospechas por la cantidad de dinero. El exdirector de Obrainsa explicó que guardó el dinero en una caja fuerte y luego lo entregó en un sobre manila, un procedimiento que detalló ante la jueza Fernanda Ayasta.
Elard Paul Tejeda relató que el pago comenzó con una transacción por alquiler de avioneta por S/400.000 en diciembre de 2013. Posteriormente, la segunda parte de la entrega se realizó en abril de 2014, con un pago adicional de S/600.000 a través de un cheque, que luego fue convertido en efectivo y entregado al expresidente.
Frente a estas acusaciones, Vizcarra respondió a través de sus redes sociales, donde rechazó las afirmaciones de Tejeda. El exmandatario señaló que el testigo clave en el caso Lomas de Ilo es un «colaborador eficaz» con antecedentes de delincuencia y fugas, y recalcó que no existen testigos que puedan confirmar la entrega de dinero.
En su mensaje, Vizcarra compartió un video donde Tejeda admite que no había personas presentes durante el supuesto soborno, lo que, según el exgobernador, pone en duda la credibilidad de la acusación.
Por otro lado, la Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato ha solicitado una reparación civil de más de S/4.6 millones en contra de Vizcarra, vinculado a presuntas irregularidades durante su tiempo como gobernador. Las acusaciones de colusión y cohecho están centradas en el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua, donde se sugiere que el exgobernador habría gestionado los contratos a cambio de sobornos. La Procuraduría exige que Vizcarra y las empresas Obrainsa y Astaldi cubran los daños causados al Estado, por un monto superior a S/2 millones solo en relación con el proyecto Lomas de Ilo.
