En entrevista con Altavoz.pe, la excongresista Lourdes Alcorta sostuvo que las embajadas no pueden oponerse a que un Estado soberano investigue de dónde viene el dinero que reciben las ONG. «Estamos hablando de más de 150 o 200 ONG, que reciben una millonada de plata», advirtió.
- 16 embajadas han sacado un comunicado rechazando el proyecto, aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que busca transparentar los fondos que reciben las ONG del extranjero. ¿Qué opina al respecto?
Es una intromisión de esos países en asuntos internos, pero nosotros, como peruanos, tenemos que protestar, porque nadie puede meterse en la casa de otra persona, menos los diplomáticos.
- ¿Usted presentó un proyecto similar, si mal no recuerdo?
Yo saqué un proyecto de ley, en el quinquenio 2006-2011, durante el Gobierno de Alan García, para fiscalizar a las ONG. Lo que se buscaba era saber de dónde venía el dinero, cuál era el objetivo y el resultado. En un país donde hay lavado de activos, tala ilegal de árboles, prostitución, trata de personas, sicariato, etc., tenemos la obligación de saber de dónde vienen esos dineros.
- Porque, si no se fiscaliza, simplemente abro mi ONG y recibo dinero sucio del extranjero. En este caso, se configuraría lavado de activos, pero nadie haría nada.
La Unidad de Inteligencia Financiera tiene que utilizar todos sus mecanismos para averiguar de dónde vienen esos dineros. Las embajadas no pueden oponerse a que un Estado soberano investigue de dónde viene esa plata.
- El pez por la boca muere, por lo que llama la atención el rechazo colegiado de las ONG a este proyecto.
Hay varios testimonios de comunidades que no reciben este dinero. El Estado peruano tiene todo el derecho de saber de dónde vienen los dineros de la ONG, cuáles son los objetivos y el resultado. La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que depende de Cancillería, tiene la obligación de averiguarlo e informarlo. Estamos hablando de más de 150 o 200 ONG, que reciben una millonada de plata.
- Nadie está diciendo que las ONG van a dejar de recibir dinero del extranjero, sino lo que se busca es saber su origen y destino.
Claro, la cuestión es transparentar de dónde viene el dinero, cuál es su uso, el objetivo y el resultado final. Ningún país puede meterse a resolver nuestras cosas. La Constitución en este país se tiene que respetar.
- ¿A quién le corresponde responder este comunicado, a la Cancillería o al Congreso?
El Congreso puede hacerlo, pero el canciller Javier González-Olaechea lo debe hacer, y de forma clara y contundente, sin ningún tipo de miramiento.
