La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria que declaró fundado el impedimento de salida del país contra Nadine Heredia por 18 meses, en la investigación que se le sigue por delito de lavado de activos.
El colegiado, en decisión unánime, dejó sin efecto lo resuelto por el juez Richard Concepción Carhuancho a finales del mes de junio, al considerar que la conducta procesal de Heredia Alarcón es adecuada por cuanto no se ha evidenciado ningún incumplimiento de las reglas de conducta impuestas.
“Ciertamente el tránsito del proceso a la etapa estelar de juzgamiento robustece la sospecha criminal en los términos descritos en la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433; sin embargo, consideramos que este aspecto está relacionado más propiamente con la responsabilidad penal del autor en los hechos imputados, mas no con el incremento del peligro procesal, requiriéndose para esto de un hecho concreto relacionado a la conducta del procesado que permita inferir razonablemente que pueda huir de la acción de la justicia”, señalaron.
Como se recuerda, el pasado 28 de junio, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria no aceptó la comunicación de la exprimera dama, Nadine Heredia, para ausentarse del país del 29 de junio al 2 de julio con motivo de un viaje a Medellín, Colombia para someterse a un examen médico.
Durante dicha audiencia, el magistrado Concepción Carhuancho señaló que los motivos de salud que invocaba la acusada para salir del país no estaban debidamente justificados en el informe médico presentado.
La esposa de Ollanta Humala, es procesada actualmente junto al exmandatario por lavado de activos a raíz de las presuntas coordinaciones con los exdirectivos de Odebrecht en Perú para otorgar la construcción del Gasoducto del Sur, a cambio de aportes ilegales, y del financiamiento irregular de su Partido Nacionalista en las campañas electorales del 2006 y 2011.
Tanto Heredia como Humala cumplieron nueve meses de prisión preventiva el 2017 y 2018, por las investigaciones en su contra del caso Odebrecht; pero el Tribunal Constitucional revocó esa medida al considerarla excesiva, mientras la denuncia era investigada por el Ministerio Público.
