El reciente escándalo de tráfico de influencias protagonizado por Andrés Hurtado ha puesto en el ojo público las debilidades del sistema judicial. El conocido presentador de televisión, detenido desde el jueves pasado, ha sido acusado de corromper a jueces de la Corte de Justicia de Lima, lo que ha generado una reacción inmediata del Poder Judicial.
A raíz de estas acusaciones, la Sala Plena de la Corte Suprema decidió ayer la creación de una comisión investigadora para determinar el alcance de la red de favores de Hurtado. Este grupo estará conformado por los magistrados Elvia Barrios y Ramiro Bustamante, quienes tendrán un plazo de 15 días para presentar un informe detallado sobre las posibles irregularidades.
Las investigaciones han revelado que dos juezas penales se encuentran involucradas en el caso. La primera, Paola Valdivia, admitió en una entrevista televisada que conocía a Hurtado, quien habría llevado a cabo remodelaciones en su casa. Según Valdivia, su esposo fue quien gestionó las modificaciones con el presentador. Sin embargo, los favores no parecían ser del todo desinteresados.
Ante el escándalo, Valdivia decidió renunciar a su puesto en la Segunda Sala de Apelaciones de Corrupción y Crimen Organizado de Lima, afirmando que su reputación y su desempeño profesional habían sido gravemente afectados.
La segunda jueza mencionada es María Vidal, presidenta de la Corte de Lima. Durante su gestión, Hurtado habría organizado una fiesta por el Día del Juez y la Jueza en 2023. Además, se ha mencionado una supuesta amistad entre los hijos de Vidal y los del presentador, aunque la magistrada ha negado rotundamente estas afirmaciones.
Abandonado por su abogado
Un giro en el caso ocurrió cuando el abogado de Hurtado, Julio Rodríguez, renunció a defenderlo solo un día después de haber aceptado el caso. Esto deja a Hurtado sin representación legal en un momento crucial de la investigación.
Durante la audiencia de control de identidad, que tuvo lugar en la Prefectura de Lima, Hurtado fue asistido por un defensor público. En esa sesión, mostró signos de confusión, ya que no pudo recordar su dirección hasta revisar su DNI, afirmando que vivía en un departamento alquilado en Miraflores, el cual pronto deberá desalojar. También confesó que su educación solo llegó hasta el quinto grado de primaria.
Además, Hurtado declaró haber sido recientemente contratado por Munisalud, una clínica perteneciente a la Municipalidad de La Molina. Sin embargo, dicha institución desmintió esta afirmación, aclarando que nunca ha tenido vínculo laboral con él.
Salud y panorama judicial
Según el informe del médico legista que examinó a Hurtado tras su detención, se concluyó que se encuentra «clínicamente estable» y en recuperación de una cirugía llamada balanoplastia.
El futuro legal de Andrés Hurtado es incierto. Si no colabora con las autoridades, es posible que enfrente un prolongado período de detención.
Puntos clave
- Hurtado está bajo investigación en tres fiscalías: Suprema, Anticorrupción y Lavado de Activos.
- Al finalizar los siete días de detención, el fiscal Alcides Chinchay podría solicitar prisión preventiva tanto para Hurtado como para otros involucrados en el caso.
