La reciente declaración del ministro de Defensa, Walter Astudillo, ha puesto en evidencia la falta de una estrategia clara para el despliegue de las Fuerzas Armadas en Trujillo.
A pesar del alarmante incremento de atentados y de la declaración de la presidenta Dina Boluarte sobre la toma de «control» de la ciudad, la realidad es que el Gobierno no cuenta con un plan estratégico concreto para enfrentar la crisis de seguridad.
La salida de los militares a las calles, en teoría, debería complementar el trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP), sin embargo, la ausencia de lineamientos claros solo refleja improvisación y una preocupante falta de coordinación entre las instituciones responsables de garantizar el orden.
Astudillo ha reconocido que el plan recién se presentaría para su evaluación el 22 de enero, dejando en claro que la decisión de desplegar efectivos militares se tomó sin una base sólida.
El congresista y exministro de Defensa, Roberto Chiabra, ha criticado duramente esta estrategia repetitiva, la cual ya se ha implementado en otras regiones sin lograr resultados sostenibles; Chiabra ha señalado con razón que el crimen organizado transnacional requiere un enfoque especializado y de largo plazo, no simples reacciones coyunturales que solo buscan calmar la opinión pública.
La declaración del estado de emergencia y la militarización parcial de la seguridad ciudadana son medidas que no abordan la raíz del problema.
El crimen organizado ha demostrado ser resiliente ante estos operativos, lo que deja en evidencia la ineficacia de recurrir constantemente al artículo 137 de la Constitución para justificar el uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales.
El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, ha solicitado la implementación de un toque de queda como medida para combatir la delincuencia pero esta iniciativa, si bien podría generar un respiro temporal, no representa una solución estructural ya que la inseguridad en Trujillo es un problema que requiere inversión en inteligencia policial, reformas en el sistema judicial y un fortalecimiento real de las capacidades operativas de la PNP.
Es necesario entender la diferencia entre seguridad ciudadana y seguridad nacional; mientras la primera está en manos de la Policía, la segunda involucra amenazas más complejas que comprometen la estabilidad del país. Militarizar la seguridad ciudadana es una medida extrema que debe ser respaldada por una estrategia clara y no solo por la necesidad política de demostrar acción.
El despliegue militar sin planificación detallada puede generar más problemas que soluciones. La falta de definiciones precisas sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia puede desencadenar roces institucionales, violaciones a derechos ciudadanos y un desgaste innecesario de las fuerzas del orden.
La crisis de seguridad en Trujillo requiere más que decisiones improvisadas, se requiere que el Gobierno, en coordinación con la PNP, establezca estrategias sostenibles que no dependan exclusivamente de la presencia militar.
La seguridad ciudadana debe ser abordada con una visión integral, que incluya medidas preventivas, inteligencia policial efectiva y reformas institucionales que garanticen resultados a largo plazo.
