Este jueves 13 de febrero, el Ejecutivo oficializó la extinción del Proyecto Especial Legado, transfiriendo sus instalaciones al Instituto Peruano del Deporte (IPD); la medida, justificada como un intento de evitar la duplicidad de funciones y fortalecer la institucionalidad deportiva, ha desatado una ola de críticas y sospechas de corrupción.
Una Decisión Cuestionada
El ministro de Educación, Morgan Quero, junto con sus colegas de Defensa y Transportes, defendieron la medida argumentando que el IPD y Legado cumplían funciones similares; sin embargo, el exdirector de los Juegos Panamericanos 2019, Carlos Neuhaus, desmintió esta afirmación, asegurando que el IPD nunca ha administrado esas sedes y que las que sí maneja se encuentran en un estado deplorable. «Vayan a provincias y vean el desastre», criticó.
Legado fue creado para garantizar la gestión eficiente de la infraestructura deportiva dejada por los Juegos Panamericanos 2019, un evento que posicionó a Perú como un referente organizativo en la región, su modelo de gestión fue elogiado internacionalmente por su eficiencia y transparencia, logrando que las sedes deportivas se mantuvieran en óptimas condiciones y al servicio de los atletas. Ahora, esas mismas sedes pasarán a manos de un organismo que ha acumulado denuncias por corrupción y falta de mantenimiento.
El IPD y su Historial de Escándalos
La indignación crece porque el IPD no solo ha demostrado incapacidad para administrar infraestructura deportiva, sino que se ha visto envuelto en múltiples denuncias, desde el mal mantenimiento de escenarios hasta la entrega irregular de entradas para conciertos en el Estadio Nacional. Documentos y testimonios han revelado que en más de una ocasión, funcionarios del IPD habrían facilitado la reventa ilegal de entradas y priorizado intereses privados sobre el desarrollo deportivo.
El estadio Melgar en Arequipa, por ejemplo, está en condiciones lamentables bajo la administración del IPD, lo que llevó a que Perú perdiera la sede del Mundial Sub-17 y del Sudamericano Sub-20.
La congresista Diana González denunció que en el Centro de Alto Rendimiento en Arequipa encontró un animal muerto y un ascensor inoperativo para los para deportistas, evidenciando el abandono total de la infraestructura.
¿Corrupción Tras la Decisión?
El Gobierno no ha sido transparente con los criterios utilizados para extinguir Legado, mientras el IPD sigue acumulando acusaciones, el temor de que las sedes sean utilizadas con otros fines, lejos del deporte, se intensifica, además, existen serias sospechas de que esta decisión responde más a intereses políticos y económicos que a una verdadera preocupación por el deporte peruano.
El dinero que manejaba Legado ahora será administrado por el IPD, una institución señalada en múltiples informes por su mala gestión financiera.
Organizaciones deportivas han alertado sobre el riesgo de desvío de fondos y la posibilidad de que estas instalaciones terminen en manos privadas o se deterioren rápidamente por la falta de mantenimiento.
El Silencio de Palacio
A pesar de la polémica, el Gobierno insiste en que la medida es en beneficio del deporte nacional pero la falta de transparencia y la crisis del IPD ponen en duda estas afirmaciones. ¿Estamos ante una decisión técnica o una jugada política con fines oscuros?
El cierre de Legado deja muchas preguntas sin responder y, lo más preocupante, podría significar un retroceso para el deporte peruano.
La comunidad deportiva y la sociedad en general exigen explicaciones. ¿Responderá el Gobierno o seguirán las sospechas de corrupción ensombreciendo esta polémica decisión?
