Delia Espinoza Valenzuela, fiscal suprema titular de Perú, se ha convertido en una figura controvertida debido a sus recientes acciones legales que han sido percibidas por muchos como un abuso de poder; con acusaciones de manipulación judicial y persecución política, sus acciones han suscitado serias preocupaciones sobre la imparcialidad y la integridad del sistema judicial peruano.
Espinoza enfrenta una denuncia constitucional presentada por un grupo de congresistas que la acusa de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones, estos legisladores sostienen que Espinoza violó la Constitución al investigar a miembros del Congreso sin tener la autoridad para ello, una función que corresponde exclusivamente al fiscal de la Nación; esta actuación no solo quebranta las normas legales, sino que también mina la confianza del público en el sistema judicial.
La fiscal ha sido criticada por llevar a cabo investigaciones dirigidas más por motivaciones políticas que por un verdadero afán de justicia. La denuncia contra Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación, por delitos graves como organización criminal y cohecho, ha sido vista por algunos como un intento de eliminar a una rival política y consolidar su propio poder, esta percepción se refuerza por la determinación con la que Espinoza ha perseguido estas acusaciones, mientras que otros casos igualmente serios no reciben la misma atención.
La imparcialidad de Espinoza ha sido cuestionada debido a su manejo de las investigaciones y las acusaciones contra otros fiscales y funcionarios, su inclusión de 14 congresistas en la investigación preliminar contra Benavides ha sido especialmente controvertida, ya que podría interpretarse como una táctica para intimidar y desestabilizar a sus adversarios y además, su solicitud de reincorporación a la Junta de Fiscales Supremos en medio de una crisis institucional sugiere un interés personal en mantener y expandir su influencia.
Las acciones de Espinoza no solo han generado divisiones dentro del Ministerio Público, sino que también han afectado negativamente la percepción pública del sistema judicial en Perú.
La confianza en las instituciones judiciales es esencial para la estabilidad y el buen funcionamiento de la democracia, y las actuaciones percibidas como abusivas o politizadas erosionan esta confianza, la sociedad necesita fiscales que actúen con integridad y en estricto cumplimiento de la ley, sin dejarse influenciar por intereses personales o políticos.
La actuación de Delia Espinoza ha sido objeto de serias críticas por abuso de autoridad, usurpación de funciones, y falta de imparcialidad, sus acciones han creado un clima de desconfianza y sospecha en torno a la administración de justicia en nuestro país, lo cual es profundamente preocupante en momentos que es esencial que los funcionarios judiciales actúen con la más alta integridad y transparencia para garantizar que la justicia se administre de manera correcta y equitativa, sin influencias indebidas ni motivaciones ocultas, solo así se podrá restaurar la confianza pública y asegurar el correcto funcionamiento del sistema judicial.
