El Poder Judicial del Perú reanudó el miércoles a las 9 de la mañana el juicio oral por el Caso Cócteles, que involucra a Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, y a otros 40 acusados bajo la acusación de pertenencia a una organización criminal. El proceso se lleva a cabo en el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
Los abogados defensores de dos de los acusados, Luis Mejía Lecca (extesorero y personero legal de Fuerza Popular) y el expremier Efraín Goldenberg, solicitaron la exclusión de sus clientes del caso por motivos de salud. Los jueces revisaron los informes del Instituto de Medicina Legal. En el caso de Mejía Lecca, el tribunal decidió separarlo del juicio debido a una grave enfermedad cerebrovascular incurable que lo mantiene postrado en cama y sin pleno uso de sus facultades físicas y mentales. Durante la audiencia virtual, después de recibir los informes médicos y escuchar las posturas del fiscal José Domingo Pérez y la abogada defensora Jeny Vilcatoma, se decidió excluirlo del proceso, aunque se reevaluará su estado de salud cada nueve meses para determinar si puede enfrentar el juicio en el futuro.
Si la condición de Mejía Lecca sigue siendo irreversible, el proceso en su contra podría ser archivado. Los médicos forenses Luis Salas Mayta y Melisa Pinto Echegaray certificaron que Mejía Lecca sufrió un accidente cerebrovascular agudo que lo mantiene en un estado de semiconsciencia, sin capacidad de movimiento.
En noviembre de 2018, el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho había ordenado 36 meses de prisión preventiva para Mejía Lecca. Durante su reclusión, con la asistencia del abogado Raúl Noblecilla, buscó acogerse a la colaboración eficaz, declarando que, a solicitud de Ana Herz de Vega, revisó y destruyó documentos comprometidos en su domicilio. También se le acusó de influir sobre Luis Nava para que este se acogiera a la colaboración eficaz y declarara contra el expresidente Alan García. En enero de 2019, la Sala de Apelaciones revocó la prisión preventiva y Mejía Lecca quedó en libertad, aunque la colaboración eficaz no se concluyó y fue archivada. El fiscal había solicitado una pena de 22 años y 10 meses de prisión, pero la acusación no fue sustentada en las audiencias de julio.
Vicente Silva Checa, otro de los principales implicados en el Caso Cócteles, intentó archivar tres de los delitos que se le imputan basándose en la Ley Soto. Su abogado, Jorge Jerí Jong, solicitó la prescripción de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia, amparándose en la ley 31751. Aunque Jerí Jong argumentó que varias cortes estaban aplicando la ley, el Tercer Juzgado Penal respaldó la postura del Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado, quienes argumentaron que, al estar involucrado en una organización criminal, los plazos para prescripción se duplican, por lo que no procede la prescripción en estos delitos.
El juicio por el Caso Cócteles continuará el lunes 12, donde Keiko Fujimori y el resto de los acusados deberán responder personalmente si aceptan o rechazan los cargos imputados por la fiscalía. Posteriormente, se debatirá sobre la admisión de nuevas pruebas presentadas tanto por la fiscalía como por las defensas. Todo el proceso se llevará a cabo de manera virtual.
Esta audiencia es parte de la primera etapa del juicio oral que evalúa la presunta recepción de fondos ilícitos de campaña provenientes de Odebrecht y otros empresarios durante las campañas electorales de 2011 y 2016. En esta fase se han escuchado los alegatos iniciales tanto del Ministerio Público como de los defensores de los imputados. El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, acusó a la organización criminal presuntamente liderada por Fujimori de lavar más de 17 millones de dólares a través de donaciones para sus campañas, además de intentar obstaculizar las investigaciones fiscales en su contra. Para Keiko Fujimori y su presunta cúpula, se ha solicitado una pena de 30 años y 10 meses de prisión.
