Mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem) expresó su rechazo al proyecto del Congreso que busca reemplazar la Junta Nacional de Justicia con la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura.
«No ha habido un debate público que garantice la participación ciudadana, y en el contexto de un ataque constante y sistemático contra la JNJ, se pretende consolidar el control político del Congreso sobre el Poder Judicial y los Órganos Autónomos», señaló Jusdem.
Aunque reconocen que la creación de un mecanismo basado en meritocracia para el nombramiento y ascenso de jueces es un avance, también advierten que el proyecto del Congreso «establece mecanismos cerrados e intervencionistas para el nombramiento, ascenso y remoción de los magistrados».
El comunicado de los magistrados subraya que la norma impulsada por el Congreso no define ni justifica las funciones del «Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia», ni por qué está integrado por los ministros de Economía y del Interior, representantes del Poder Ejecutivo en esta agrupación.
En ese sentido, el pronunciamiento denuncia que se está ejecutando un “control político directo y absoluto del Congreso, no solo sobre la Escuela de la Magistratura, sino sobre el Sistema de Administración de Justicia”. También indica que el proyecto de ley del Congreso prohíbe a jueces y fiscales «emitir opiniones políticas», lo cual, según Jusdem, afecta el derecho de expresión de los magistrados.
La agrupación de magistrados considera que la iniciativa de los congresistas representa «una grave afectación al ejercicio del derecho de expresión de los magistrados en asuntos relacionados con la administración de justicia y en defensa de los Derechos Humanos y el Estado Constitucional de Derecho». Asimismo, denuncian que la actitud del Congreso viola el principio de equilibrio de poderes y busca controlar políticamente el Poder Judicial, ignorando la independencia de los jueces.
Finalmente, hacen un llamado a diversas instituciones y a los ciudadanos para que vigilen y defiendan el Estado Constitucional de Derecho, ya que «de ello depende la vigencia de los derechos fundamentales y la preservación de la democracia».
El jueves pasado, antes del inicio del feriado largo, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, liderada por la fujimorista Martha Moyano, aprobó el dictamen de reforma constitucional para eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y reemplazarla con la Escuela Nacional de la Magistratura.
La norma también influye en la elección de los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), permitiendo que sus titulares sean seleccionados por el Congreso.
El próximo paso será la presentación de la propuesta al Pleno del Congreso para su debate y posible aprobación. Para que esta reforma constitucional se haga efectiva, debe ser aprobada en una doble votación en el Pleno en dos legislaturas consecutivas, sin posibilidad de exoneración de la segunda votación.